Veintiún años después de la última amnistía fiscal, en tiempos de Felipe González, el Ejecutivo de Mariano Rajoy retoma ahora una de las medidas más controvertidas en materia de política fiscal al decidir abrir un a periodo de amnistía fiscal hasta el 30 de noviembre. Los capitales ocultos en España o en el extranjero podrán salir a la luz tras pagar un peaje del 10% (el 8% en caso de dividendos procedentes de filiales en paraísos fiscales).
Según las cifras que ayer aportó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ello permitirá al fisco recaudar este año 2.500 millones por el peaje del 10% y otros 750 millones por el del 8%. Dicho de otro modo: el Gobierno cuenta con que saldrán a la luz 25.000 millones y que retornarán otros 9.375 millones de los paraísos fiscales. Dan un total de 34.375 millones que, una vez aflorados, deberían quedar instalados para siempre en bases imponibles de los años posteriores.
El anuncio de la medida levantó ampollas de manera inmediata en los sindicatos y en el colectivo de inspectores de Hacienda IHE que consideró que esta amnistía va "frontalmente en contra del artículo 31 de la Constitución" y "puede provocar el derrumbe de la conciencia fiscal de los contribuyentes honestos".
La regularización entrará en vigor en cuanto se publique el decreto de medidas urgentes tributarias que ayer anunció el Gobierno (hoy o el lunes, seguramente). El ministro Montoro animó a los defraudadores a aprovechar "esta ventana, que no volverá a abrirse". Además, anunció que el próximo Consejo de Ministros aprobará un plan antifraude que endurecerá las sanciones a partir del 2013 para quien no cumpla sus obligaciones fiscales.
IMPUESTO DE SOCIEDADES Junto a estas medidas, el decreto de acompañamiento a los Presupuestos --de entrada en vigor inmediata-- incluirá cambios en el impuesto de Sociedades que limitan los beneficios fiscales de las grandes empresas e incrementan los pagos a cuenta para recaudar 5.350 millones más. Con carácter temporal, se limita la deducibilidad del fondo de comercio (del 5% al 1%) y se reduce el límite máximo de aplicación de deducciones (del 35% al 25%). Además se introduce un límite mínimo en el pago fraccionado de las empresas cuyo resultado contable supera los 20 millones al año (el 8% con carácter general).
El decreto también incorpora una subida de la fiscalidad sobre el tabaco para obtener 150 millones de recaudación adicional.
La subida del IRPF aprobada el 30de diciembre añadirá 4.100 millones a la recaudación del Estado y el incremento de las tasas judiciales, otros 214 millones. Todo suma los 12.314 millones que el Gobierno pretende recaudar de más mediante las nuevas medidas.
