En Andorra no se lo acaban de creer. ¿El cierre de la térmica de carbón se producirá el 30 de junio del 2020? La respuesta de Endesa, propiedad de esta gran instalación energética, es que efectivamente cesará su actividad en esa fecha si no cambia el actual marco regulatorio. Es algo que la eléctrica española viene repitiendo en los últimos años y que Enel, la matriz italiana a la que pertenece, oficializó el pasado jueves en su junta general de accionistas celebrada en Roma. El anuncio, por más que fuera conocido y esperado, ha hecho saltar las alarmas. Pese a todo, sindicatos y empresas mineras de Teruel todavía albergan alguna posibilidad de que se revierta ese final.

La pelota está en el tejado del Gobierno central, al que el sector del carbón responsabiliza de la agonía que sufre por su inacción en la legislatura pasada. La clave está en la futura Ley de Transición Energética que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en cuya elaboración van a participar los sindicatos mineros. Esta norma podría reservar al carbón nacional un hueco en el mix de generación nacional por razones de seguridad en el suministro y respaldo a las renovables. De ser así, se garantizaría el funcionamiento de la térmica de Andorra y Endesa podría inclinarse finalmente por invertir en la instalación los 230 millones de euros necesarios para adaptarla a la normativa medioambiental europea y prolongar su vida útil. El plazo máximo para cambiar el rumbo es el primer semestre del 2019.

A la espera de mayores certezas y de saber si realmente hay aún margen para evitar la desaparición de la térmica, la comarca de Andorra contiene la respiración. Las redes sociales son un reflejo de la preocupación de los vecinos de municipios como Andorra o Ariño, los dos más dependientes del carbón. El pesimismo cunde en la zona, donde la actividad minero-eléctrica supone un monocultivo económico, con unos 600 empleos vinculados directamente al mineral negro y otros 3.000 trabajos dependientes en mayor o menor medida.

El Ministerio de Energía reaccionó ayer con un cierto malestar al anuncio de Enel y rechazó el cierre de la térmica de Andorra y la de Compostilla (León). Fuentes del departamento que dirige Álvaro Nadal explicaron a Efe que, de confirmarse, se demostraría que «el compromiso de Enel con España no es el que le gustaría a este Gobierno» y que su postura «no es coherente con las necesidades energéticas del país».

Por su parte, el presidente de Aragón, Javier Lambán, anunció ayer que su Gobierno ha activado «todos los resortes y alarmas» para buscar una solución. «Cada vez el 2020 está más cerca, y es absolutamente prioritario emplazar de forma urgente y airada al Gobierno de España para que tome cartas en el asunto, porque estoy convencido de que si existe voluntad política, la central térmica de Andorra no se tiene por qué cerrar», afirmó. Por este motivo, Lambán ha solicitado una entrevista con Rajoy para obtener «certezas» al respecto.

Todos los grupos de las Cortes de Aragón mostraron también ayer su preocupación por la incertidumbre que se cierne sobre la comarca de Andorra.

Reacciones / Tras años de lucha, la exasperación de los sindicatos es patente. «Vale ya de tantas palmaditas en la espalda de los políticos. ¡Que se pongan las pilas! Esto se acaba y no hay ninguna alternativa para la comarca», señaló ayer Alejo Luis Galve, secretario provincial UGT en Teruel y trabajador de la térmica. Antonio Montoyo, responsable de Minería de CCOO, insistió en el mismo mensaje: «Los que más se tienen que mover son los políticos. El carbón no se puede eliminar de un plumazo».

Este último cree sin embargo que el anuncio de Enel «no es algo nuevo», ya que es el «mismo mensaje» que viene transmitiendo hace tiempo el consejero delegado de Endesa, José Bogas. «La decisión del cierre es reversible», defendió. Desde Samca, principal empresa minera de Teruel, comparten esa visión: «No ha cambiado nada, el escenario es muy complejo pero sigue abierto».

Sin tiempo que perder, el próximo lunes esta previsto que se reúna la Mesa por el Futuro y la Defensa de la Comarca Andorra-Sierra de Arcos, de la que forman parte sindicatos, ayuntamientos, empresarios y otras entidades.