La sociedad cooperativa Ánfora ha presentado al Departamento de Educación un recurso de alzada contra su decisión de no autorizar la apertura del colegio privado de Cuarte de Huerva el próximo curso 2015-16. Así lo anunció ayer el presidente de la cooperativa, Enrique Bilbao, que aseguró que la sociedad está estudiando acudir a los tribunales una vez que se agote la vía administrativa.

En el recurso, que deberá ser resuelto por la propia consejera de Educación, Mayte Pérez, en un plazo máximo de tres meses, Ánfora solicita que "de forma inmediata" se adopte la medida cautelar --que debe resolverse en días-- de suspensión de la ejecución de la resolución del pasado 20 de agosto en la que el departamento no autorizaba la apertura del centro "en fecha anterior a la del 10 de septiembre, para la que está previsto el inicio de curso escolar".

La sociedad asegura haber cumplido tanto con plazos, como con la tramitación de la autorización y el concierto y afirma haber corregido todas las deficiencias señaladas por Educación. De hecho, Ánfora sostiene que de las 31 mencionadas en el informe de la Unidad Técnica de Construcción que sirven de fundamento a la resolución recurrida, "14 ya se encontraban solventadas el mismo día --17 de agosto, fecha fijada para la entrega de la obra-- al final de la tarde, 9 estaban solucionadas el día 20, fecha en la que se dictó la resolución denegatoria y 8 de ellas no eran exigibles a fecha 17 de agosto, sino que debían estar culminadas el 7 de septiembre, a pesar de lo cual todas ellas ya estaban resueltas el 26 de agosto".

En los fundamentos de derecho incluidos en el recurso de alzada, Ánfora incluye que existe nulidad de la prohibición de apertura "por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido". En este apartado, la sociedad incluye varios aspectos, entre los que destaca que el compromiso de la cooperativa consistió en la finalización de las obras "con suficiente antelación al comienzo del curso escolar y no se obligó a terminarlas el día 17 de agosto". En este sentido, añade que la entidad promotora debió haber contado, por ley, con "un mínimo plazo de subsanación de deficiencias". Ante esto, Educación sostiene que algunos de los desperfectos detectados eran "tan graves" que no cabía plazo de subsanación alguno.

ENTRE ADMINISTRACIONES Bilbao, que aseguró que la sociedad no se plantea la apertura del centro como privado no concertado, advirtió que las irregularidades detectadas por la DGA en la concesión del concierto y que han llevado al Ejecutivo a abrir un expediente de oficio de revisión contra esa asignación "se escapan de nuestra mano porque son cuestiones que denuncian irregularidades de la Administración, no nuestras". Aunque se refirió a la titularidad de la parcela por parte de la empresa Yerhec y no de Ánfora denunciada por Educación. "No hay ningún problema en que no haya propiedad del suelo, sino que debe constar la documentación de que se puede hacer uso de él", indicó Bilbao.

En este sentido, el recurso de alzada expone que "está previsto que en los primeros días de septiembre pueda formalizarse la escritura pública de compraventa de la parcela y la de préstamo hipotecario que permita a la cooperativa financiar la operación y satisfacer a la empresa constructora los costes de la edificación del colegio". Yerhec vendió el suelo a Ánfora por 3.850.000 euros condicionado a que el centro fuese concertado por la DGA.