Anticorrupción centra ahora su investigación en Acciona y MLN

Hoy se cumple un año del comienzo de estas pesquisas sobre la supuesta malversación de 80 millones de euros a través de facturas falsas o de trabajos ficticios, y el número de imputados va en ascenso. En concreto 21 personas. Entre ellas destacan tres personas pertenecientes a las constructoras, los dos directivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, y el jefe de contabilidad de la UTE, José Luis Rodríguez Cachafeiro. Hasta el momento los tres pueden sentirse respaldados por las firmas, ya que, por ejemplo, los dos primeros consiguieron recuperar sus pasaportes después de que la propia Acciona avalara la fianza de ocho millones de euros. Asimismo, comparten a la firma de abogados Cuatrecasas que se encarga de sus defensas.

ANÁLISIS La declaración del jefe de obra de Plaza, José Luis Bellido, también ha sido relevante, debido a que contra todo pronóstico, a diferencia de otras testificales, este ingeniero habló que la UTE sobredimensionó y costeó obras --emisarios y colectores de aguas-- a las que se conectó el nuevo barrio zaragozano de Arcosur, que fue urbanizada por la misma unión de constructoras. De hecho, la rescisión del contrato de esta unión temporal de empresas aceleró la operación policial porque Anticorrupción temía que la empresa retirase contenedores de archivos, pudiéndose perder, intencionadamente o no, documentación importante para las pesquisas.

Estas razones han llevado a los dos fiscales especializados a poner sus miradas en estas empresas para saber si de alguna manera colaboraron en la trama. De ser así, podrían ser imputadas de forma individual, ya que una UTE no tiene personalidad jurídica como tal. Especialmente sería un duro varapalo para Acciona, cuyo principal propietario es la familia Entrecanales, debido a que participa en el Ibex35 y sus acciones podrían verse suspendidas de cotización de manera temporal. En el año 2012 tuvo una cifra de negocio de 7.016 millones de euros.

Ahora se analizará la documentación intervenida en los registros en las sedes de ambas empresas, así como los ordenadores de varios de los imputados. Los archivos que se encuentren en los discos duros pueden ser vitales para esta investigación, al igual que lo han sido los hallados en los equipos informáticos del exgerente Ricardo García Becerril y sus hijas, Patricia y Carolina García Planté, en las que se descubrió, según uno de los últimos autos del juez instructor, el supuesto cobro de mordidas y el cargo de gastos de cientos de miles de euros a Plaza mediante facturas falsas y su entorno familiar.

En esta nueva investigación queda, según reconocen algunas fuentes, el fuerte de la operación bautizada como Decken. En concreto, se van a examinar una serie de obras que no se realizaron, pero que sí se cobraron. Bajo el foco está el conocido como saneo del pino con una superficie de 35.421 metros cuadrados que no se ejecutó pero que sí se certificó por valor de 781.005,33 euros más IVA. También destaca en la primera denuncia de Fiscalía Anticorrupción los aparcamientos para coches para el centro comercial Plaza Imperial que no se llevaron a cabo pero que costaron 1.052.737,92 euros.

Otra clamorosa obra fue la unidad de videovigilancia que la propia UTE ofertó por valor de 3.005.060 euros, pero que no sólo no se ejecutó, sino que aparece certificada por valor de 3,3 millones. Todas ellas sumarían los 101 millones de euros.