La Inspección Educativa ha detectado que al menos cien expedientes de reconocimiento de alumnos con necesidades especiales (Acneaes) declarados por los centros concertados tenían deficiencias claras y defectos en su tramitación, por lo que serán anulados. Así lo anunció ayer la consejera de Educación, Mayte Pérez, en una comparecencia en las Cortes solicitada por el diputado de Podemos Carlos Gamarra.

La titular del departamento indicó que en marzo se detectaron «datos sospechosos» en cuanto a la declaración de algunos centros concertados, todos en la ciudad de Zaragoza, de los Acneaes escolarizados. «Entre febrero y marzo, se declaró un incremento del 6,94% en los centros públicos y de un 28% en los concertados, con lo que se instó a la Inspección Educativa a comprobar si el procedimiento era normal, y se pidió a la dirección general de Equidad Educativa que supervisara los informes», apuntó.

Se detectaron en muchos casos «disfunciones claras» que conllevaron a la revisión o defectos en la tramitación formal, como la ausencia de comunicación y autorización de las familias para incluir a los niños en el registro, por lo que más de cien expedientes van a ser anulados.

Por eso, ante las dudas de Podemos, Pérez aseguró que se van a corregir los errores, que las declaraciones no afectan «para nada» al proceso de escolarización.

Gamarra denunció que entre los datos de Acneaes escolarizados que dio la inspección en noviembre del año pasado y los proporcionados por los centros en marzo se detectan incrementos «imposibles». En 14 centros concertados de Zaragoza capital, dijo, el número de Acneaes ha pasado de 226 a 597 en total, lo que supone un incremento de 371 en un «intento premeditado» de que la reserva de plazas para estos alumnos anunciada para el proceso de escolarización del curso 2017-2018 «no vaya con ellos».

La consejera insistió, ante las dudas de Gamarra, en que la oferta de plazas en este proceso de escolarización se ha hecho según los datos de noviembre, y no los de marzo proporcionados por los centros. Ha sido, a su juicio, la interpretación «distorsionada» que han hecho algunos concertados del nuevo decreto de escolarización lo que ha provocado esta situación, y por eso se les ha transmitido que deben rectificar y modificar los errores.

Desde el PP, la diputada María José Ferrando lamentó este «debate estéril» que arroja sombra de «probable manipulación» sobre la concertada, mientras que desde el PAR, María Herrero estimó que el incremento excesivo puede deberse a que estos Acneaes estaban diagnosticados pero no metidos en el sistema.

Susana Gaspar, de Ciudadanos, lamentó el «cinismo» de Podemos y Gregorio Briz (CHA) insistió en la necesidad de exigir a los centros que «no busquen atajos para burlar la ley». Margarita Périz (PSOE) hizo hincapié en que la «mala praxis» de algunos no puede ocultar los «logros» en educación inclusiva del Gobierno.