En las Cortes de Aragón tampoco hay consenso sobre la necesidad o no de aplicar el artículo 155 de las Constitución en la crisis institucional catalana. Los portavoces de los grupos discreparon ayer sobre la hoja de ruta a tomar en los próximos días.
La secretaria general del PP de Aragón, Mar Vaquero, realizó un cerrada defensa de la respuesta ofrecida por el Gobierno de Mariano Rajoy al desafío independentista «para restaurar el orden constitucional, garantizar los derechos fundamentales y reforzar la democracia». Consideró que están haciendo «lo que todo el mundo espera».
También cerró filas con la respuesta estatal la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar. «Este desafío y este golpe a la democracia no se soluciona con intercambio epistolar», recalcó. Por ese motivo pidió una convocatoria electoral que coloque en Cataluña a un «interlocutor válido».
El presidente del PAR, consideró que la aplicación del 155 debería hacerse «con prudencia y proporcionalidad» para que no se produzcan «deformaciones que compliquen más la cuestión».
En la bancada de la izquierda se repitió la palabra diálogo a la hora de analizar el problema. «La solución no pasa por vencer, sino por convencer», expresó la diputada de Podemos Maru Díaz a la hora de recordar que tanto la aplicación del 155 como la «obstinación» de los nacionalistas catalanes. «La derecha de España y la derecha de Cataluña tienen soluciones», dijo.
El portavoz de CHA, Gregorio Briz, denunció que la «burguesía catalana» únicamente está interesada en un nuevo «reparto de poder y de financiación» y lamentó tanto que los dirigentes implicados en la solución analicen el asunto «en clave electoral» como que se pueda producir una «recentralización» del Estado. Algo similar indicó la diputada de IU, Patricia Luquin. «El pueblo catalán está sufriendo en un conflicto que, sin embargo, afecta a todos los españoles», expresó.
