Solo el Partido Popular se mostró contrario a asumir la encomienda de gestión para el servicio de ayuda a domicilio en casos de dependencia de grado uno que le proponía el Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza. Su aceptación, defendió la conservadora Reyes Campillo, suponía una reducción de la financiación necesaria para atender estos servicios que, hasta ahora, se pagaban a través de convenios. El resto de fuerzas políticas no vieron problema en dar su apoyo. Incluido Ciudadanos (C’s), que en mayo del año pasado se oponía.

El debate político trataba de asumir o no una adenda al convenio suscrito el año pasado con la que se aseguraba que ninguna persona dependiente dada de alta dejará de ser atendida por el consistorio hasta que se firme el nuevo convenio. Y garantizará que el consistorio percibirá el dinero de la DGA pese a queel Gobierno de Aragón no haya aprobado todavía los presupuestos para este año.

Esta adenda está dentro del acuerdo del 2016 con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) que incluía dos convenios: uno para financiar al 50% el trabajo de los servicios sociales municipales por valor de 10,3 millones de euros y otro, de 2,7, para esta encomienda de gestión.

Está previsto que este acuerdo se repita en el 2017, aumentando la cantidad de dinero para llegar a más dependientes. Pero la prestación del servicio es «ejercicio de responsabilidad», defendió la responsable de Derechos Sociales, Luisa Broto.

Pero Campillo recordó que el PSOE, cuando gobernaba la ciudad, nunca quiso una encomienda que ahora ofrece. Y que aceptarla «perjudica» a la capital. Porque la DGA «pagará a 16 euros la hora mientras al consistorio le cuesta 20». Y que frente a las 20.685 mensuales del 2016, se han perdido 9.000 y 409.000 euros menos de financiación.