El Gobierno de Aragón consiguió ayer la autorización de las Cortes, con los votos del PP y el PAR, para obtener créditos por importe de 350 millones con los que inyectar capital a las pymes y estimular así la economía y la creación de empleo. La importancia del debate y la urgencia con la que el Ejecutivo autonómico quiere conseguir la liquidez propició que se celebrara un pleno extraordinario en agosto, aunque el consejero del ramo, Francisco Bono, no interrumpió sus vacaciones para defender el proyecto, bautizado como Plan Impulso.
Fue el consejero de Hacienda, José Luis Saz, quien defendió en la tribuna las dos partes que articulan esta inyección financiera: por un lado el proyecto de ley que da cobertura al Plan Impulso (por importe de 190 millones) y la solicitud de autorización para suscribir un crédito de cien millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones y otros tantos a través de Ibercaja y el Banco de Santander, con 50 millones cada uno.
CAÍDA DE LA ECONOMÍA
La ausencia de Bono era ya esperada por tener contratado hace días un viaje largo al extranjero que no ha interrumpido. También faltó el consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de Alarcón, que también es protagonista parcial del plan, ya que 40 millones irán destinados a infraestructuras y planes de vivienda social. Ambos fueron criticados por no comparecer, especialmente Bono, cuya gestión hace días que está en el disparadero tras la caída de la economía y el aumento del paro.
Fue uno de los aspectos criticados por la oposición, aunque no el único. Tanto el PSOE como CHA e IU incidieron en los argumentos que han esgrimido en las últimas semanas para cuestionar las formas de tramitación de estas iniciativas, por su imposibilidad de enmendar el proyecto de ley al carecer de contenido. Se limita únicamente a solicitar permiso para endeudarse por importe de 190 millones, sin decir cómo se destinarán.
Este "cheque en blanco", como lo definió el portavoz del PSOE, Javier Sada, genera dudas entre los partidos. Por este motivo, el portavoz de IU en Economía, Luis Ángel Romero, volvió a advertir de que su partido no descarta emprender acciones legales dado que gran parte de este nuevo endeudamiento irá para gasto corriente en lugar de para inversión, algo vetado por la legislación. También dudó de su legalidad el presidente de CHA, José Luis Soro, quien reclamó la intervención de la Cámara de Cuentas para que lo avale. Soro se mostró indignado con el consejero Saz, al que felicitó irónicamente por ser "el primer consejero de la democracia que consigue mangonear 190 millones de euros". Soro acusó al Gobierno aragonés de "tomar por tontos a los diputados y tomar el pelo a la ciudadanía". Para Sada, queda constatada "la mentira de Rudi" y su "fracaso" ante la brutal caída de todos los indicadores económicos.
La carta blanca que se otorga a Saz para que gestione estos créditos, según la oposición, fue desmentida por los partidos que apoyaron el proyecto de ley. El portavoz del PP, Antonio Torres, replicó ante estas quejas que la presidenta informó del plan en mayo, y que desde finales de ese mes hay un power point en el que se informa de cómo se quiere destinar ese dinero, por lo que la oposición tiene suficiente información. "Este es el Gobierno más transparente de todos los que ha habido", indicó Antonio Ruspira, portavoz de Hacienda del PAR, formación que ha participado en los últimos cinco gobiernos autonómicos.
