Nunca han sido fáciles las relaciones entre Aragón y el Estado. El discurso del respeto mutuo y la lealtad institucional se ha topado habitualmente con la realidad. Que no es otra que para el Gobierno central esta comunidad no deja de ser una autonomía pequeña, con poco más de un millón de habitantes, y por lo tanto un peso electoral de escasa relevancia.
Pero la situación de bloqueo que se vive en esta momento es inédita. Javier Lambán y Mariano Rajoy ni siquiera se han reunido. El Ejecutivo autonómico está valorando convocar por su cuenta la comisión bilateral si tras la conformación del nuevo Gobierno central el clima no mejora. Por más peticiones que se han hecho desde Aragón para intentar desbloquear la situación, no ha sido posible avanzar en ninguna dirección. "Se convocará de forma unilateral, y ellos sabrán qué hacen. Tenemos que hablar de muchos asuntos, y no se puede esperar más. Cuando haya Gobierno en Madrid, lo pediremos, pero si no es así, si no hay avances ni predisposición lo haremos nosotros, y veremos qué pasa. Yo tengo confianza en que haya Gobierno", contaba esta misma semana el consejero de Presidencia, Vicente Guillén.
Sin avances
El portavoz del Gobierno prefiere de momento no tensar la cuerda. Habrá que esperar a que haya un nuevo inquilino en la Moncloa para tomar una decisión. Pero los socialistas están a punto de cumplir un año en el Pignatelli y todavía no han logrado ni un solo avance, más allá de contactos puntuales y sectoriales entre consejerías y ministerios. El titular de Hacienda, Fernando Gimeno, es el que ha tenido un mayor protagonismo. Pero también han toreado otros, como Mayte Pérez y su oposición a la LOMCE. "Las relaciones con el Delegado del Gobierno en Aragón son fluidas, sin embargo no sirven para gran cosa. Existe cordialidad y respeto, si bien el contacto con Madrid es primordial. Se nos llama para las reuniones sectoriales, pero los asuntos están estancados. Con la dependencia no se avanza y con Sanidad, ya ha habido algunos enfrentamientos, como por ejemplo, por la la cobertura sanitaria de los inmigrantes", explicó Guillén.
Aragón por el momento prefiere no mover ficha. "Nos gustaría normalizar las relaciones con el Gobierno central y hacerlo desde la lealtad, que es lo normal entre instituciones. Nuestras puertas están abiertas para reunirnos cuando sea necesario para abordar todo tipo de cuestiones", precisó el consejero de Presidencia. En la bilateral, por ejemplo, se han quedado competencias por definir, como los asuntos hidráulicos y la reserva hídrica. La comunidad quiere también avanzar en los permisos de trabajo, servicio que se pretende asumir desde hace años y en el que tampoco se dan pasos. Además el Gobierno tiene que contar con Aragón en las inversiones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado. Y queda por delante el artículo 108 del Estatuto, que abriría una nueva vía para las relaciones económicas. "Si en una primera reunión pudiésemos avanzar en las competencias y las inversiones nos daríamos por satisfechos. De lo que se trata es de empezar", constató Guillén.
Uno de los asuntos que estaban bloqueados era el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite), que se firmó el viernes, después de que Aragón reclamase en varias ocasiones la urgencia de suscribir el convenio. Los plazos de ejecución apremian, y el año pasado ya se quedaron proyectos en el camino. Ahora, a un mes de las elecciones, se desatasca el asunto. El Gobierno autonómico quiere que se ponga en marcha cuanto antes, y para evitar la pérdida de dinero, se propondrá que el día en el que ambas partes se reúnan para activar el proceso de selección de iniciativas.
Las relaciones con Bruselas parecen más fluidas que con Madrid. Otros asuntos peliagudos como el carbón o la Política Agraria Común, están también en la agenda.
