Aragón es la comunidad autónoma que más ha retrocedido en un año en la aplicación de la Ley de Dependencia con una notable ventaja sobre el resto. De hecho, los más de dos puntos de descenso en la valoración realizada por el Observatorio de la Dependencia dejan a Aragón ligeramente por encima del aprobado (5,4) cuando en junio del 2011 su valoración era de un 7,5.

El frenazo coincide con la llegada al Gobierno autonómico del PP y es especialmente acusado en los últimos seis meses. De hecho, el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, admitió ayer "falta de fluidez" en las altas de nuevos beneficiarios de la prestación y mostró su "preocupación" por la cantidad de afectados con derecho que aún no la reciben.

Así, el informe advierte que, en diciembre del 2011, la puntuación de la comunidad había bajado cuatro décimas (7,1) y es desde el comienzo del 2012 cuando esa caída se ha acelerado considerablemente.

En general, el estudio concluye que hay cierta paralización del sistema de atención a la dependencia en todo el Estado o, cuando menos, un retroceso fuerte. De hecho, solo cinco comunidades --Castilla y León (9,6), País Vasco (7,9), Andalucía (7,5), La Rioja (6,7) y Castilla La Mancha (6,3) registran mejor puntuación que Aragón en junio de este año, mientras que la Comunidad Valenciana (0,4), Canarias (2,1) y Baleares (2,5) obtienen la calificación de muy deficiente en la aplicación de la escala.

En la mayoría de las comunidades baja la puntuación con respecto a dictámenes anteriores. En este sentido, Aragón registra la bajada más pronunciada, seguida por Cantabria, que pierde 1,2 puntos, y Castilla La Mancha. Asturias, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra y Cantabria suspenden. A nivel general continúa registrándose un empeoramiento en la implantación de la ley, pasando de una puntuación media de 5 puntos (diciembre 2011) a 4,9 (junio 2012) y solo sube en lugares donde apenas se aplicaba la ley.

MENOS ATENDIDOS Aragón también lidera de forma muy significativa la disminución de personas atendidas en el último año. De hecho, la comunidad duplica, con un 4,5%, el porcentaje de reducción de atendidos que atesora la segunda región --Comunidad Valenciana-- que más pérdida de atención ha registrado a lo largo de los doce meses. Solo estas dos y Baleares y Castilla La Mancha no incrementaron el número de atendidos en este periodo, mientras que en España se incrementó un 6%.

Una de las conclusiones extraídas del informe, según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, es que "el sistema ha frenado el gasto" y que "el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del 2012 en el que se elimina el nivel convenido de financiación a las comunidades --283 millones de euros-- supone un recorte salvaje que impide que estas puedan cumplir las obligaciones contraídas con dependientes y sus familias".

Desde la sociedad se apela a un contexto de financiación "injusta" del sistema en el que "la aportación estatal ya se reduce prácticamente al 25% de los costes netos de atención" y subraya que "es evidente que aquellas que hicieron los deberes son las más castigadas por esta política demoledor ya que se les resta financiación sin restarles obligaciones".

El director de la sociedad, José Manuel Ramírez, apunta, asimismo, que "una vez dinamitado el sistema por la vía de la financiación se pretenderá atacar las atención a la dependencia acusándola de ser una política por encima de las posibilidades" o insostenible, pero es mentira.