Aragón se consolida a la cola de España en la aplicación de la Ley de Dependencia. La comunidad es la tercera con peor valoración en este apartado a lo largo de la legislatura, solo por detrás de Comunidad Valenciana y Canarias, con una nota de 3,3 sobre 10. Así lo expone el Observatorio Estatal Para la Dependencia de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

El "estrepitoso" suspenso no es nuevo pero confirma que la comunidad es la que ha registrado un mayor retroceso desde el 2011. En el último año, la caída libre no solo no se ha frenado sino que se ha acelerado, como lo demuestra la reducción del 7% en el número de personas atendidas (1.313). "En este periodo, Aragón se ha limitado a mantener los servicios que prestaba, con un ligero incremento de 9 plazas en centros de día, 91 en residencias y 151 prestaciones vinculadas a servicios, al tiempo que ha reducido en 1.566 las prestaciones vinculadas a servicios en el entorno familiar", expusieron ayer José Manuel Ramírez y Gustavo García, miembros del observatorio, que consideraron "llamativo" que, después de ocho años de aplicación de la ley, la comunidad siga sin prestar la ayuda a domicilio.

DESATENCIÓN

Aragón también es la tercera con mayor porcentaje de desatención a este colectivo, es decir, de personas que no reciben su prestación a pesar de tener reconocido su derecho. Solo Canarias y Murcia superan el 30,4% de la comunidad en este apartado.

El coste global estimado de la Atención a la Dependencia en Aragón fue 149 millones de euros en el 2014, de los cuales el 61,4% se financiaron por la DGA, el 20,4% por el ministerio y el 18,2% lo aportaron los propios usuarios a través del copago, aunque el informe alerta de que la comunidad ha dejado de recibir 48,3 millones de euros "como quebranto acumulado" en los tres últimos años. Esta cantidad habría sido provocada por los recortes en la financiación estatal "por la supresión del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo (13%) aprobado en el Real Decreto Ley 20/2012", indica el observatorio.

Las comunidades autónomas dejaron de recibir en los tres últimos años por parte del Ministerio de Sanidad 1.409 millones de euros, como consecuencia de los recortes. Las más afectadas fueron Andalucía, Cataluña y Madrid. García y Ramírez destacaron que si se añade a la rebaja en la financiación estatal la acumulada en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares (967,3 millones), "la desinversión pública en el sistema se elevaría a más de 2.276 millones de euros".

El gasto público en Aragón en el 2014 volvió a ser "muy inferior" a la media estatal, con 83,52 euros por habitante frente a los 104,5 en el resto del Estado. "Frente a este gasto, los retornos estimados por el Sistema de Atención a la Dependencia en base a cotizaciones a la seguridad social, IRPF o IVA ascenderían a 42,3 millones de euros el pasado año, que en su mayor parte recibe el Estado", indicaron, en este sentido, los directores y gerentes en servicios sociales.

El observatorio estima en 3.300 los empleos directos que generan en Aragón el Sistema de Atención a la Dependencia, lo que supone 300 menos que al comienzo de la legislatura (2011).