«La intolerancia es un poliedro con muchas caras que tienen un elemento común: negar la dignidad, el valor de la persona por el hecho de ser diferente». Así definía ayer este concepto Esteban Ibarra, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, durante la presentación que realizó en Zaragoza del informe Raxen sobre casos de racismo, xenofobia, antisemitismo y otras manifestaciones intolerantes en España, que recoge en Aragón 26 incidencias. No fue el único dato presentado ayer al respecto (ni resultó exactamente el mismo). La consejera de Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico, María Victoria Broto, anunció que la oficina aragonesa contra la discriminación contabiliza 19 denuncias en seis meses, frente a las 18 de todo el 2017.

Este baile de números corresponde a la diferencia que hay a la hora de recoger los casos: mientras que la oficina del Gobierno de Aragón usa las denuncias que recibe directamente, el informe Raxen trabaja con noticias publicadas en los medios de comunicación, testimonios directos de las víctimas y lo que aportan fuentes asociativas. No obstante, tanto Ibarra como Broto coincidieron en que suceden muchos más casos que no se denuncian. Por ello, el informe Raxen utiliza el cálculo de la Unión Europea que considera que solo se recogen el 10% de los casos, de manera que estiman unos 130 incidentes en Aragón. «No se denuncia porque se desconoce la legislación o los mecanismos de denuncia, por desconfianza, porque se cree que no sirve para nada o porque hay temor a represalias», añadió.

En la misma línea se manifestó la consejera, quien subrayó que «hay que hacer denuncias de cualquier tipo de discriminación», puesto que «es una fotografía de una situación». Además, aclaró que los datos de la oficina «no coinciden exactamente» con este informe porque este documento contará incidentes que no han pasado por ella.

La consejera desveló la evolución de esta herramienta de denuncia desde que comenzara su actividad en el 2016. En ese año fueron 4 los casos denunciados, por los 18 del 2017 y los 19 que se cuentan desde enero hasta junio. En total, 41 denuncias, en las que destacan las presentadas por inmigrantes o extranjeros (19), las de colectivos LGTBI (4) o por razones de género (2). La evolución del número de casos registrados pone de relieve, según Broto, que crear esta oficina y actos informativos como el de ayer «tienen como consecuencia que se produzcan denuncias». Para su gestión, trabajan desde el Gobierno de Aragón con diferentes colectivos como Cermi, CCOO, UGT, Secretariado Gitano, Somos LGTBI o SOS Racismo.

Además, Broto reivindicó algunas leyes autonómicas relacionadas con este ámbito, como son la referida a la expresión de género, la de derechos y deberes de las personas con discapacidad, la de igualdad LGTB o la de igualdad entre hombres y mujeres.

En la media

Sobre la situación de Aragón respecto al resto del país, Broto consideró que la comunidad no destaca en los delitos de odio, aunque aseveró que por «solo uno que haya, tiene que ser un grave problema» al que se deben poner «todas las medidas para evitarlo». Acerca de la proporción respecto al resto del país, afirmó que «Aragón es el 3% en todo menos en superficie» y añadió que las 18 denuncias de la oficina en el 2017 corresponden también al 3% de lo contabilizado en todo el Estado. En ese sentido, si se atiende a lo que expone el informe de Raxen, la comunidad ocupa la novena posición del ránking con sus 26 casos, de un total de 600 incidentes recogidos en el país. Los datos recabados, en comparación con los del 2016, muestran un descenso, puesto que en ese año se registraron 31 casos. Sin embargo, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia apuntó que eso no quiere decir que exista un descenso real, sino que «aparentemente podría ser» y que es probable que no se hayan recogido todos los casos. No obstante, juzgó que la comunidad «sigue una tónica similar a la de años anteriores» y que, «en general, está bastante bien», aunque matizó que «lo importante» responde a «lo cualitativo».

De los 26 casos que registra el informe Raxen en territorio aragonés (31 en el 2016), el presidente de la organización antirracista nombró algunos como los de violencia ultra en el fútbol (la entidad hace hincapié en la actividad del grupo Ligallo), un caso de antigitanismo que se denunció a principios de año en un municipio de la comunidad o la muerte de Víctor Láinez.