La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calificó ayer de "excesivas" las exigencias que establece el Real Decreto-ley aprobado el pasado viernes para financiar las deudas pendientes de las administraciones locales con sus proveedores. "No parece sensato que, además de la espera, tengamos que aceptar una quita y renunciar a los intereses", señaló Álvaro Bajén, el secretario general de esta organización en Aragón.

Así, UPTA denuncia que, sin conocerse todavía el mecanismo definitivo de financiación que se utilizará, la norma fija "descuentos prácticamente obligatorios" en las facturas para poder acceder al cobro de las mismas y exige que el proveedor renuncie al cobro de los intereses generados por la deuda. En este sentido, UPTA propondrá que las deudas menores de 10.000 euros contraídas hace más de tres meses tengan prioridad en el pago y no soporten quita ni del principal ni de los intereses generados. "En la práctica se trata de un concurso de acreedores de carácter colectivo de las administraciones locales, en la que hay una espera para cobrar, hasta ahora indeterminada, pero también una quita sustancial, ya que se debe renunciar a parte del principal y a todos los intereses generados por el retraso en el pago", denunció el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna.

CONCRETAR LAS CIFRAS UPTA tampoco está de acuerdo con la cifra de 15.000 millones de euros que se considera que las administraciones tienen de deuda con este colectivo. "Es un dato aleatorio que no está contrastado", opinó Bajén. "Se sabe que desde que comenzó la crisis han caído 200.000 autónomos y pymes, pero no se es por culpa de lo que les deben instituciones, ayuntamientos y comunidades autónomas", añadió. Su argumento parece claro: "Los autónomos tenemos muy difícil acceso a la contratación pública, y principalmente la deuda la tenemos con la empresa que nos ha subcontratado".

Los ayuntamientos españoles deberán enviar al Gobierno, antes del 15 de marzo, la lista de facturas pendientes de pago que mantienen con proveedores, y hasta el día 31 de ese mes les podrá requerir que establezcan un plan de viabilidad para afrontarlos. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), subrayó que de esta medida "se beneficiarán más de 1.400.000 autónomos que, directa o indirectamente, padecen la morosidad pública, y que supone acabar con una de las lacras que en estos momentos está lastrando la actividad de miles de ellos".

También la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, celebra que el Gobierno vaya a solucionar una de sus reivindicaciones históricas. No obstante, el presidente de la PMcM, Rafael Barón, matizó ayer que "aunque la música suena bien, no conocemos todavía la letra, ya que no sabemos cómo se va a desarrollar este plan ni los mecanismos que se van a instrumentar para llevarlo a cabo". Por ejemplo, Barón se preguntó "cómo se van a articular los intereses que marca la Directiva Europea y la Ley Española, esto es, si se van a contemplar o no en el pago".