El alcalde de La Muela, Adrián Tello, admitió ayer que el fallo del Supremo es «un palo» para los intereses del consistorio. Puso como ejemplo el hecho de que, «con once millones de agujero en el ayuntamiento, a Pinilla se la condene a pagar 2.700 euros». En realidad son algunos más, y cerca de 300.000 de otros acusados. Pero no le faltan motivos de queja desde su punto de vista, habida cuenta de que gran parte de los pagos están en el aire con la anulación y que el Supremo no ha aceptado ninguno de los argumentos de su recurso. Ni de ninguna acusación, por otro lado.

Tello admitía que el consistorio tiene «pocas esperanzas» en que la situación vaya a mejorar. Tanto es así que se están planteando incluso no personarse como acusación en la repetición de la vista. «En cualquier caso, es una decisión que llevaríamos a pleno y habría que licitar la adjudicación. Creía que en La Muela ya habíamos rizado el rizo con la moción de censura (en referencia a la que le plantearon, que provocó la expulsión de varios ediles del PAR), pero por lo visto no».

ALEGRÍA / Radicalmente distina, obviamente, era la reacción de los abogados de la defensa, particularmente de los dos que interpusieron conjuntamente el recurso pidiendo la nulidad de actuaciones: el de Pinilla y el concejal Fernando Barba, Santiago Palazón, y el de Antonio Fando y Alberto Lozano, Enrique Esteban Pendás.

Palazón mostró su satisfacción y quiso añadir que está «convencido de que desde los magistrados a la fiscalía y los abogados, todo el mundo ha hecho las cosas lo mejor que ha sabido y podido en este proceso». Por lo demás, estaba lógicamente contento de que se hubiese tenido en cuenta su principal motivo de recurso, y desde ya comenzará a pedir, cuanto menos, que se desbloqueen parte (o todos) los 800.000 euros que Pinilla tiene trabados por el juzgado.

Esteban Pendás, por su parte, se debatía entre «la alegría y la tristeza, por haber tenido que llegar a esto cuando ya se advirtió de que hubiera sido mejor esperar un poco» para garantizar el derecho de defensa. También aludió a las «presiones» que ha habido sobre los condenados de conformidad, para admitir «·incluso hechos que no cometieron», y calificó de «ignominia e incoherencia» la condena de su cliente, director de la sucursal de Cajalón, mientras la entidad como tal no solo fue exonerada sino que ninguna acusación recurrió la absolución.

Javier Hernández, quien ya no será abogado de Francisco Aramburu al haberse convertido en asesor del Justicia Ángel Dolado, calificó el fallo de «previsible» en cuanto al derecho de defensa, e incidió en el hecho de que los argumentos de acusación hayan sido desoídos.