Barcelona «rechaza la escalada represiva del Estado español contra el pueblo catalán, los ayuntamientos democráticos y el Gobierno de la Generalitat, constatando que la suspensión de la autonomía de Cataluña y de los derechos civiles y políticos que se están produciendo estos días son un golpe de Estado encubierto». Este es el punto más llamativo de una iniciativa aprobada ayer por el pleno municipal del ayuntamiento, marcado, como era de esperar, por el referéndum del pasado domingo.

Tanto el grupo Demòcrata, el PDECat en el consistorio, como ERC y la CUP habían dispuesto iniciativas en apoyo del referéndum y contra la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Acabaron pactando un texto común que incluye el punto citado al principio. Prosperó porque los tres grupos proponentes votaron a favor y porque el de Barcelona en Comú, capitaneado por la alcaldesa, Ada Colau, lo permitió con su abstención. Su socio, el PSC, se pronunció en contra. Es la enésima vez que los compañeros de gobierno votan distinto en cuestiones relacionadas con el proceso soberanista.

AGRADECIMIENTO

La proposición «felicita y agradece» a la organización y a las entidades, voluntarios y ciudadanos que «de forma pacífica y ejemplar» participaron en el referéndum y que lo hicieron posible «pese a las agresiones sufridas». El plenario mostró asimismo su «solidaridad» con los más de 300 heridos en Barcelona, más de 850 en toda Cataluña según la Generalitat, que resultaron heridas por la actuación de la Policía y la Guardia Civil, y se compromete a que el consistorio les facilitará asistencia jurídica, algo que ya anunció el teniente de alcalde Jaume Asens.

El texto «denuncia y condena» la actuación de los responsables del operativo de ambos cuerpos policiales así como la de los partidos y entidades que «de forma directa o indirecta le han dado cobertura». Reclama la dimisión y el cese de «los máximos responsables políticos del operativo».

En detalle, se exige que dimitan el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el subdelegado, Emilio Ablanedo, y se reclama la destitución del jefe del operativo, Diego Pérez de los Cobos. La proposición «exige» la retirada «inmediata de todos los cuerpos policiales y represivos que el Estado español mantiene en Cataluña». Los concejales piden al Gobierno central que compense los daños personales y materiales causados.