El sector del biodiésel lleva años sumido en una crisis continua. Hace apenas una década se veía como una gran apuesta de futuro capaz de generar empleo y riqueza en todo el país. Hoy, no es ni la sombra de lo que se pensaba que podía llegar a ser y la agonía ha continuado en los últimos años. De hecho, a principios del 2013 España contaba con 53 plantas, mientras que en enero del 2016 había 32 y solo 20 de ellas produjeron biocombustible. En Aragón, la situación es muy similar. La comunidad llegó a contar con cuatro plantas y actualmente sobreviven dos y solo una de ellas (la de Biodiésel Aragón en Altorricón) está operativa.
Según apunta el director de la sección de biocarburantes de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), Manuel Bustos, la decadencia del sector se debe a la unión de varios factores. Por un lado, asegura que el Gobierno no ha hecho todo lo que está en su mano para impulsar la actividad. Así, lamenta que uno de los golpes más duros se produjo en febrero del 2013, cuando el Ejecutivo redujo el porcentaje mínimo de biodié- sel que debían utilizar las petroleras para elaborar sus combustibles. «Se pasó del 7 al 4,1%, lo que hizo mucho daño al sector; ahora está en el 5% y es una de las obligaciones más bajas de la UE, solo dos o tres países están por debajo», indica Bustos, que recuerda que con esas cuotas España está lejos de cumplir con los objetivos que marca la directiva europea de energías renovables.
Por otra parte, Bustos critica que el Ministerio de Industria decidiera no prorrogar en mayo del 2016 la orden de asignación de cantidades puesta en marcha dos años atrás. Esta regulación obligaba a las petroleras a comprar el biocarburante en las plantas establecidas por el Gobierno (dos tercios de ellas eran españolas y el resto europeas). «Esta asignación llegó tarde y solo ha estado vigente dos años, cuando en otros países ha durado una dé- cada y además se ha sido mucho más proteccionista al poner en la lista solo fábricas nacionales», explica Bustos.
Con todo, las dudas en torno al biodiésel también han ido creciendo en la Unión Europea. Tras varios años apostando por él, Bruselas aprobó a mediados del 2015 una nueva legislación para rebajar el uso en el transporte de este gasóleo producido a partir de aceites vegetales, soja, colza o palma. En este sentido, varias fuentes señalan que este biocarburante no ha contenido la emisión de gases de efecto invernadero y que incluso ha favorecido el monocultivo y la deforestación.
SIN BENEFICIO AGRÍCOLA
En España, sin embargo, el sector no impulsó este tipo de cultivos, ya que la mayoría de las factorías (también la de Altorricón) producen utilizando aceites usados procedentes de restauración. Esto ha supuesto otro jarro de agua fría porque cuando surgió el boom de los biocarburantes muchas voces aseguraban que la colza o el girasol podían ser una buena alternativa al cultivo de regadío en Aragón.
Por si fuera poco, la industria también ha tenido que hacer frente a la competencia desleal de terceros países. De hecho, las importaciones desde Argentina e Indonesia llegaron a copar el mercado y el 70% del biodiésel vendido en España en el 2011 vino de allí al ser mucho más barato. La UE resolvió el problema en el 2013 al imponer derechos antidumping hasta finales del 2018. «La inquietud ha vuelto porque el Tribunal de Justicia de la UE podría dar marcha atrás en esa fecha, lo que volvería a poner en riesgo la supervivencia del sector en el país», apunta Bustos, que lamenta que la incertidumbre que rodea siempre a la actividad impide que los inversores apuesten por esta industria.
Las perspectivas, así, no son muy halagüeñas, a pesar de que los objetivos de los biocarburantes deberán ir subiendo progresivamente en España hasta alcanzar en el 2020 una obligación del 8,5%.
La reciente caída del precio del petróleo también ha alimentado el debate en torno al biodié- sel, aunque su influencia no es tan directa como pueda parecer. Sí lo es el mantenimiento e incluso el encarecimiento de las materias primas con las que se fabrica el biocarburante. «Comprar el aceite usado es casi más caro que adquirir directamente el gasoil», concluye el gerente de la planta de Albalate, David Val
