Por primera vez públicamente, un miembro del Gobierno de Aragón se atrevió ayer a dar una cifra sobre el impacto que tendría sobre el empleo el Plan Impulso, ese programa de medidas de reactivación económica puesto en marcha por el PP-PAR y que ayer superó su enésimo trámite parlamentario. Fue el consejero de Economía, Francisco Bono, quien en los pasillos de las Cortes, minutos antes de comenzar la sesión, afirmó a los medios que este podría crear hasta 2.000 o 3.000 empleos relativamente estables, de al menos un año.
Bono admitió sin embargo que esa cifra dependería de los "efectos indirectos y del número de solicitudes" que haya en las distintas convocatorias que se vayan publicando en el BOA. Ayer salieron las primeras, un conjunto de hasta 14 programas de los 35 que figuran en el plan.
Aunque Bono hizo estas estimaciones, recogidas por las agencias de noticias, luego rechazó dar datos en la sesión plenaria de las Cortes que debatió y volvió a analizar el Plan Impulso, una iniciativa que volvió a ser duramente cuestionada por la oposición, que no dudó en definir como un plan "chapucero" que rayaba la ilegalidad por su forma de tramitarse mediante un decreto y una modificación presupuestaria sin margen para que los grupos pudieran enmendarlo.
RUDI DELEGÓ
El responsable del Departamento de Economía y Empleo consideró ante los diputados que sería "poco honesto" dar una cifra cuando esta depende de las solicitudes que opten a las ayudas. El titular de la consejería compareció en las Cortes por delegación, ya que la solicitud de comparecencia formulada por el grupo socialista iba dirigida a la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. Las primeras convocatorias publicadas en el BOA van encaminadas a las escuelas-taller, el fomento de la contratación de menores de 30 años y mayores de 45, para impulsar la industria agroalimentaria y para mejoras en viviendas.
El dirigente gubernamental consideró muy factible que el plan se ejecute hasta fin de año, aunque lo supeditó a las solicitudes que se presenten. Respondía así a las dudas mostradas por la oposición y los agentes sociales que consideran que este plan puede presentar dificultades en su ejecución. Eso sí, se defendió de las críticas de la oposición descartando que el plan sea "humo" porque incluye 35 medidas "con nombre y apellidos e importes". Tampoco consideró que llega tarde, porque se han cumplido los plazos legales, que sea "marketing político" y que no haya sido participativo, como le recriminó la oposición.
En el debate, el portavoz del PSOE, Javier Sada, afirmó que es una "operación de márketing político" sin objetivos, que Rudi "mintió" cuando dijo que se iba a abrir a la participación y que es "propaganda". El presidente de CHA, José Luis Soro, cuestionó la legalidad de las ayudas publicadas en el BOA porque vulnera la ley de Hacienda al tratarse de meras modificaciones presupuestarias mientras que la portavoz de IU, Patricia Luquin, exigió un cambio total en las políticas productivas de la DGA, más necesario que el Plan Impulso, que solo corrobora "el fracaso" del PP y el PAR.
