De los cuatro grandes bloques de los impuestos directos que pagan los españoles (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Actos Jurídicos y Transmisiones Patrimoniales existen hasta 732 tipos de reducciones, bonificaciones, deducciones o exenciones que cada comunidad autónoma regula en función de su capacidad normativa. Este ejemplo da idea del complejo mapa impositivo español, y lo fácil que resulta que entre comunidades surjan los agravios. Solo en el IRPF, se han establecido 220 especialidades, muchas de las cuales afectan solo a un pequeño número de contribuyentes.

Estas son algunas de las conclusiones a la que llegan los autores del informe sobre la fiscalidad autonómica y foral encargada por el Consejo General de Economistas, en un estudio comparativo de los impuestos en España, en los que quedan claras las desigualdades entre comunidades, que han creado además 82 impuestos propios (Cataluña lidera ese ránking con 18, Aragón 6).

Estos impuestos, en cambio, apenas son significativos en la recaudación de cada una de las comunidades, ya que solo supone el 2,2% de los ingresos tributarios, y en la mayoría de las ocasiones --el 80% de la recaudación-- el objeto imponible gira en torno al agua. De momento, las comunidades autónomas siguen teniendo la mayor fuente de financiación en los impuestos estatales (IRPF, IVA e impuestos sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos).

La sensación de que los españoles poseen una elevada presión fiscal es relativa, y en función de con quién se compara. La media española es el 43,5%. Muy alta si la comparamos con países como Hungría, Eslovaquia o Rumanía, donde esta apenas llega a la mitad, pero más baja si nos comparamos con los países de nuestro entorno (en Suecia es del 57%, en Portugal del 56,2%, en Francia del 50,2%, 47,2 en Italia o 47,5% en Alemania).

Elevada carga fiscal

Pero esta media fluctúa según la comunidad en la que uno viva. En Aragón, por ejemplo, la carga fiscal es más elevada que en otras comunidades, como Madrid o Valencia. Especialmente en impuestos como el de Sucesiones --donde en la mayoría de los casos y tipos se lidera el escalafón-- o en Patrimonio, donde el mínimo exento es el más bajo de todas las comunidades que poseen este impuesto (si la media ronda los 700.000 euros, en Aragón se paga a partir de los 400.000).

Por este motivo, todos los expertos coinciden en que se hace necesario un marco común de armonización fiscal, para que haya una serie de mínimos y se limite la capacidad autonómica --respetando su autonomía fiscal-- para evitar grandes agravios. Y estos no solo ocurren en la fiscalidad de las personas físicas, sino también en la empresarial, lo que convierte a algunas comunidades en un lugar de implantación más ventajosa que otras.

Si se analizan los casos por impuestos, Aragón se sitúa casi siempre en la parte alta de la clasificación de los que más pagan. Es el caso del IRPF, donde es la segunda en los tramos más habituales (sobre los 20.000 euros al año y sobre los 30.000). En Ambos casos, solo se ve superada por Cataluña. De este modo, un aragonés que perciba por su salario 20.000 euros al año paga una media de 2.400 euros (200 más que en Madrid o La Rioja, por ejemplo). Lo mismo sucede si se ganan 30.000 euros (se paga una media de 5.050 euros, 300 más que Madrid, Castilla y León o La Rioja).

Progresividad

Paradójicamente, cuanto más se ingresa, la presión fiscal en Aragón se reduce y deja ese segundo puesto para pasar a mitad de la table, situándose entre la octava y la novena comunidad para los tramos de IRPF de quiens perciban anualmente 110.000 euros, 200.000 o más de 600.000 euros.

Otro caso en el que no se da la progresividad fiscal es en el impuesto de Patrimonio, en el que Aragón tiene el mínimo exento más bajo. Pero, eso sí, cuanto más crece ese patrimonio menos se paga, según el informe. De este modo, y siendo a partir de 400.000 euros (en escrituras y valores catastrales) que se grava. De este modo, con un patrimonio que acumule 800.000 euros, un aragonés es el que más paga de todo el Estado (aproximadamente 1.200 euros). Pero si ese mismo aragonés acumula bienes por más de 4 millones, solo pagará 40.000 y habrá diez comunidades donde se pagará más. Lo mismo sucede si esas propiedades superan los 15 millones de euros. Eso sí, un madrileño no pagará ni un euro tenga el patrimonio que tenga y un riojano, una cantidad simbólica.

En Sucesiones, un aragonés de 30 años, soltero y que herede alrededor de 800.000 euros, debe pagar --en líquido-- más de 155.000 euros. Menos que si recibe esa misma cantidad en efectivo mediante una donación. Es en Sucesiones donde se dan los mayores agravios, si bien desde el Gobierno de Aragón --que está abierto a analizarlo-- asegura que no afecta al 85% de la población.