Carlos Escó, exconsejero delegado de Plaza y viceconsejero socialista de Obras Públicas de la DGA; Ricardo García Becerril, exgerente de la plataforma logística y el constructor --y expresidente del Real Zaragoza-- Agapito Iglesias han sido condenados a cuatro años de prisión y diez de inhabilitación profesional por malversar fondos públicos. Concretamente 8.740.140,80 euros, abonados a la empresa del magnate soriano, Codesport, a cuenta de unas modificaciones en la construcción de unas naves industriales para Autocity. Un dinero que deberán devolver entre los tres; lo que no puedan afrontar lo pagará la constructora, responsable civil subsidiaria.

Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza resuelven así el caso pagarés, el primero de los relacionados con Plaza en ser juzgado. La sentencia no es firme, ya que los acusados, a buen seguro, recurrirán ante el Supremo. Al menos García Becerril, que así lo confirmó ayer a EL PERIÓDICO al no ver "ni pies ni cabeza" a su condena. "Yo solo le pasé unos talones a Escó, que me los hizo firmar", añadió. El exconsejero no comentó el fallo.

Para los jueces, las facturas no debió abonarlas Plaza (sino la empresa Autocity), pero no discuten que las obras fueran reales. De hecho, afirman que las irregularidades que señalaba el informe del perito judicial Teodoro Ríos (materiales de baja calidad o facturas duplicadas o falsas) fueron "desmontadas" por las defensas. Si las obras eran reales, lo que visó el director de obra, Miguel Ángel Pérez, también lo era, y le absuelven.

Los magistrados dan por buenos muchos de los argumentos que usaron las defensas en el juicio, celebrado en septiembre. Aunque los pliegos del concurso de licitación de las obras --del 2005-- hablasen de un contrato llave en mano, a precio cerrado de 14,5 millones, este podía aumentar. Siempre que hubiese acuerdo entre las partes y crecieran las unidades de obra, como así fue (de 78 a 119 naves). Acabaron costando 32,4 millones.

SUPERVISIÓN

Este incremento fue aprobado por el consejo de administración, y se plasmó en el célebre documento cero, firmado por las tres partes (Plaza, Autocity y Codesport). Pero ningún contrato autorizaba --de hecho, lo prohibía-- que Plaza pagara más por metro cuadrado.

Pese a ello, cuando Autocity se retiró de la compra de la segunda fase de las obras, Agapito Iglesias reclamó a Plaza los 8,7 millones que la empresa compradora le debía por los cambios de obra que pidió, y que no podía pagar. Quebró en el 2010.

Y García Becerril, como gerente, y Carlos Escó, como consejero delegado, firmaron en diciembre del 2008 cuatro pagarés para abonarlos, cuando "sabían que ese pago no le correspondía a Plaza" sino a Autocity. Y no los pasaron por el consejo, encargado de resolver problemas de "interpretación, cumplimiento y resolución". Para el tribunal, hubo "un patente concierto" para el pago, "defraudando con ello a Plaza, a la que servían".

Los magistrados les consideran coautores materiales de la "malversación dolosa (intencionada)", y a Iglesias inductor de ese pago, fruto de un acuerdo "sui generis", que contravenía lo pactado. De hecho, señalan los jueces, García Becerril reconoció que el abono de las facturas a Codesport "estuvo dando vueltas por la oficina" porque no estaba claro. Aún así, se ejecutó.