Mañana se cumplen cuatro años del registro de la sede de la UTE Plaza en el barrio zaragozano de Arcosur, que sacó a la luz pública la que se ha convertido en una de las mayores tramas de supuesta corrupción urbanística, el caso saqueo de Plaza, con 150,5 millones presuntamente malversados entre sobrecostes de obras de urbanización e intercambio de dádivas y favores empresariales.

No era el primero relacionado con la plataforma logística en llegar al juzgado (ya se habían denunciado sobreprecios en naves de Plaza Center), ni fue el último, pero sí el más cuantioso en dinero e investigados. Pero de las once causas iniciadas, siete se han archivado o juzgado para acabar en absolución. El 75,6% de los 187,5 millones que, aproximadamente, se han puesto bajo la lupa judicial, siguen pendientes de juicio, pero las ya finalizadas han dado por buenos (o al menos sacado del ámbito penal) 45,8 millones, casi un cuarto del total.

REGISTROS / Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, bajo el nombre de operación Decken (techumbre en alemán, un nombre que nunca ha cuajado) llevaban ya un tiempo gestándose, impulsadas por la denuncia del gerente de Plaza que sucedió a Ricardo García Becerril, Jesús Andreu, con el cambio del Gobierno PSOE-PAR al PP-PAR.

Este había sido a su vez alertado por el entonces trabajador de Acciona Francho Chabier Mayayo, que también denunció y expuso ante la Policía las irregularidades que había observado en supuestas facturas falsas y sobrecostes supuestamente maquinados entre varios responsables de la plataforma.

La mañana del 14 de marzo del 2013, la UDEF y el fiscal José Grinda se desplazaron a Salou, a detener en su ático al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, bajo cuyo colchón hallaron 400.000 euros en efectivo, y en Zaragoza detuvieron al entonces director técnico de la plataforma, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y al jefe de obra por parte de la consultora Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld. Realizaron hasta diez registros entre viviendas y las sedes de la consultora, la UTE y Acciona.

A estos tres iniciales se unirían en semanas y meses sucesivos como detenidos los gerentes de la UTE Plaza y directivos de Acciona José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, la mujer e hijas de García Becerril, el exconsejero delegado Carlos Escó y empresarios constructores como Agapito Iglesias, Manuel Colonques (presidente de Porcelanosa) o Miguel Ángel Floría, entre otros. Hasta 25 acusados en un macroproceso aún pendiente de fecha de juicio.

Esta da apuro vaticinarla. En los dos últimos aniversarios ya se daba por inminente, y a estas alturas aún queda por pagar parte de la fianza de responsabilidad civil. En teoría debería estar en septiembre, y sería el último fleco.

Lo que se denunció, y lo que la Policía y la Fiscalía fueron entresacando de la documentación y los interrogatorios, será repasado en el juicio del caso saqueo. También lo fue en las Cortes de Aragón, en una comisión parlamentaria que, como suele suceder, apenas valió para que cada partido se mantuviese en su tesis inicial, unos viendo corrupción masiva y otros, meras sospechas.

Pero el minucioso repaso de expedientes durante los años del Gobierno de Luisa Fernanda Rudi dio para generar otras muchas causas. Hasta once, si bien es cierto que algunas se abrieron por otros cauces.

Entre ellas, por ejemplo, la denuncia de la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragónes (Apudepa) que, informe de experto en mano, veía excesivo lo pagado por Plaza para adquirir un retrato pintado por Goya, hasta ocho millones.

La indagación llevó a estudiar también otras cuatro adquisiciones de obras de arte por la DGA, pero las tasaciones convencieron a la Policía y al juez de que los precios eran de mercado, y se archivó. No fue el único.

ARCHIVOS / De hecho, de las once causas, cuatro, contando con cuadros, fueron por el mismo camino, tras aportarse documentación que demostraba que no había motivos para la sospecha (como ocurrió en el caso apartadero, en el que llegó a estar investigado todo el consejo de administración de Plaza) o bien tras desprenderse de la instrucción que no había indicios de delito.

A estos archivos se unieron los tres que llegaron a juicio pero quedaron en absolución. Así ocurrió en la causa civil (tras el archivo de la penal) de Plaza Center, en la que inicialmente Codesport y Agapito Iglesias fueron condenados a devolver 12,2 millones de sobrecoste, pero en la que finalmente la Audiencia de Zaragoza decretó la absolución, ya que el precio fue aceptado por Plaza. La historia no acaba aquí, ya que mientras preparaban el recurso, los letrados de la DGA detectaron una presunta factura falsa que volverá a llevar a Iglesias al banquillo, por lo penal, en enero.

La más llamativa absolución fue probablemente la del caso karts, por la compra del Kartódromo Aragón. Las periciales discrepaban hasta tal punto que era imposible para el jurado saber si el precio del terreno fue efectivamente sobredimensionado de 2 a 4 millones; pero es que ni siquiera creyeron que el dueño del terreno pagara una comisión de más de 600.000 euros, aunque él mismo lo confesó.

Y recientemente, el Supremo anulaba la condena de cuatro años de cárcel por el caso pagarés, y dejaba como mucho para la vía civil la reclamación de 8,7 millones que Plaza pagó con talones a Codesport, cuando debió ser Autocity, que encargó las naves. Está por ver si se los reclamarán.