García Becerril y Escó coincidirán de nuevo en el banquillo para el juicio sobre el caso karts, que además será el primero (y de momento el único) de estas tramas que dirimirá un jurado popular. El próximo 23 de febrero están citados para la comparecencia previa que marca la ley del jurado para concretar cargos y pedir las últimas pruebas. Junto a ellos acudirá el tercer encartado en esta causa, Santiago Becerril, el dueño del kartódromo Aragón al que compraron el terreno, presuntamente, a un precio exorbitado (6,3 millones) y cobrando una mordida de 660.000 euros.

El caso ya cuenta con los escritos de defensa (que piden la absolución) y de acusación. En el caso de la Fiscalía, solicita 10 años de prisión para García Becerril y Escó por cohecho y malversación, así como 15 años de inhabilitación y 700.000 euros de multa. Para el dueño del terreno, cuya confesión inició la causa, lo rebaja a año y medio por su cooperación.

Según sostienen las acusaciones, apoyadas en gran medida en el testimonio del propio vendedor, este entregó a García Becerril, en tres pagos, una comisión de más de 660.000 euros. Lo hizo en metálico, en entregas celebradas en una cafetería frente al Teatro Principal de Zaragoza. Fue el propio García Becerril quien le informó de que se las iba a repartir con Escó.

Contra este, a priori, solo había como prueba este testimonio indirecto. Sin embargo, un informe del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional sobre los movimientos económicos del exconsejero delegado de Plaza relacionaba unos cuantos pagos en metálico, por aquellas fechas, con los 330.000 euros que presuntamente percibió.

Además, las acusaciones (también la DGA y Plaza, que elevan la pena a 11 años de cárcel) sostienen que el terreno fue sobrevalorado. Se pagaron 6,3 millones, frente a los 2,3 que valía, según un perito judicial. Consideran que había un preacuerdo de pago de 4 millones y se incrementó sin justificación, y los pagarés con los que se abonó fueron firmados solo un día antes de que se reuniera el consejo.