En el banquillo de los acusados del caso saqueo se sentarán 25 personas procesadas por, supuestamente, formar parte de una trama que llegó a malversar 150,5 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza. Para cuatro de ellos --el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exdirector técnico, Miguel Ángel Pérez Cervantes; el exviceconsejero Carlos Escó y el constructor Agapito Iglesias-- la experiencia no será nueva, puesto que compartieron acusación en este caso pagarés.

No obstante, la participación en este contubernio no es tanto monta, monta tanto, sino que cada uno tuvo su papel. García Becerril (al que Anticorrupción pide 23 años de prisión) se le señala por alinearse con el directivo de Acciona en Aragón --empresa que realizó los trabajos junto a MLN--, José María Jordán, para que esta constructora fuera desde el primer minuto la elegida en todos los concursos públicos y para obtener beneficios en la certificación de obras ficticias.

Para conseguirlo necesitaron, según las acusaciones, a Miguel Ángel Pérez Cervantes (le piden 14 años) quien debía dar por bueno los amaños. Existen correos en los que García Becerril pide a Pérez Cervantes que suba la puntuación a Acciona "siguiendo las instrucciones de la conserjería en los conceptos de coordinación y personal". Este hombre, al parecer, accedió.

No lo hicieron gratuitamente, a juicio de los investigadores, sino que disfrutaron de viajes de lujo o reformas en su casa a costa de las arcas de la empresa pública. El exgerente llegó, presuntamente, a crear una subtrama en la que utilizó a sus hijas Elena y Patricia (9 años y un mes de prisión, y casi 6 años, respectivamente) para cobrar peajes a constructores que querían convertirse en proveedores oficiales de la UTE liderada por Acciona. Es ahí donde resalta Agapito Iglesias (que se enfrenta a 5 años y 10 meses de prisión).

Por otro lado estaría Escó (afronta siete años y medio de cárcel). Curiosamente, está acusado por unos correos electrónicos en los que el exgerente se quejaba de que el exviceconsejero otorgaba contratos a amigos como el empresario Miguel Ángel Floria (afronta 6 años) o la realización de un nuevo manual corporativo por parte de la Agencia Bassat, encargada de la campaña electoral de su esposa, Eva Almunia, para presidir la DGA.