La precampaña es casi un estado perpetuo en la política española, pero sus efectos se notan especialmente ahora, cuando realmente tiene lugar: estamos a meses de las elecciones generales y empiezan a proliferar las propuestas electorales más rompedoras. El mercado electoral se mueve. Después de los últimos años, marcados por los efectos de la crisis, la pobreza creciente, la destrucción de empleo, prima la oferta social. La verdad es que a menudo esa oferta no se corresponde con la gestión pretérita o presente de quien la hace. Pero para eso se inventó la precampaña. Para hacer propuestas brillantes y burlarse de las del partido rival.
Los ejemplos proliferan. Destaca en este campo la propuesta del candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear un ingreso mínimo vital con el que combatir la pobreza infantil. Si lo logra, sin duda será un éxito indiscutible. El plan supondría invertir unos 6.500 millones de euros al año para dar una ayuda de 426 euros (equivalente a la renta activa de inserción que reciben los parados que han agotado la prestación y el subsidio de paro) a las familias sin ingresos (730.000 familias, 1,8 millones de personas), así como una prestación por hijo con tres cuantías en función de renta: 600 euros por menor y año para familias con ingresos inferiores a 17.000 euros; 1.200 euros anuales para las que ingresan menos de 11.500 euros, y 1.800 euros a los que ingresan menos de 7.100 euros, que sufren pobreza severa.
El PSOE lo desvinculó de la renta básica universal que propuso Podemos en las elecciones europeas, pero que aún no ha presentado oficialmente ni ha cuantificado el coste de su iniciativa. La oferta de Sánchez recuerda más a las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas: un ingreso acompañado de un itinerario de formación ocupacional, que crece en función del número de hijos.
RAJOY NO ENTRA EN SUBASTAS
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desacreditó ayer la propuesta y afirmó que no tiene intención de entrar en una "subasta" electoral: "Decir que yo voy a dar 6.000, 8.000, 10.000 o 12.000; no podemos entrar en esa dinámica porque no conduce a parte alguna, porque no está fundamentada en nada y porque no tiene ningún sentido". El problema es que 24 horas antes, el PP ofreció 2.000 millones. Lo hizo el vicesecretario de sectorial del PP, Javier Maroto, quien no precisó en qué se invertirán, más allá de afirmar que servirán para desarrollar una agenda social por ahora oculta.
La semana que viene podrían conocerse los detalles, por la vía de que el Gobierno muestre las perlas de los presupuestos para el 2016. Pero entonces parecería que el PP sí entra en la subasta. Los 2.000 millones, por cierto, salen de lo que el Gobierno ha dejado de pagar en prestaciones de desempleo. Calificarlo de ahorro podría resultar algo hiriente si se tiene en cuenta que ese dinero no se ha dejado de pagar porque los parados hayan encontrado trabajo, sino porque, en su inmensa mayoría, han agotado la prestación. Cabe recordar que las entidades sociales llevan tiempo pidiendo al Gobierno catalán más inversión en política social. Y que Unicef y Save the Children agradecieron el lunes al PSOE y al PP esas propuestas sociales de las últimas horas. Pero advirtieron de que son insuficientes.
