Hay relaciones que marcan más que otras. Compartir espacios exige siempre cesiones. PSOE y Podemos llevan 100 días conviviendo, y de momento ha habido más chispas --para lo bueno y para lo malo-- que amor. El presidente, Javier Lambán, incluso se maneja con soltura con el WhatsApp para comunicarse con Pablo Echenique, que ha ido reencontrado su sitio y reconfigurando su discurso. Hoy se cumplen estos 100 días, que son más una construcción mediática, que un termómetro para medir nada, pero que forzosamente remiten al decálogo que PSOE y Podemos firmaron. De su salud depende que el engranaje entre ambos partidos siga funcionando.

El primer punto del documento de acuerdo establece la creación de un observatorio ciudadano. Se ha celebrado la primera reunión y se han creado nueve comisiones. Una por departamento. Se ha nombrado a una persona independiente, Gloria Labarta, vinculada con la educación, para que se encargue de tutelar este órgano que a su vez vela por la salud del pacto.

La ley contra la corrupción es el segundo punto del decálogo. Es competencia de la consejería de Presidencia. Su titular, Vicente Guillén, tal como anunció esta pasada semana en las Cortes, ha dado instrucción a la dirección de servicios jurídicos para elaborar una ley que esté en diciembre en las Cortes. Será un texto corto, pero claro, según fuentes del Gobierno. Contemplará la creación de una oficina. Este punto incluía la auditoría de las cuentas. Una parte se presentó esta pasada semana. Faltan por analizar las empresas públicas.

En cuanto a los desahucios, el Gobierno presentará un decreto ley de urgencia para solucionar el problema de las viviendas sociales. Además se hará una ley aragonesa de la vivienda. Obras Públicas está preparando un texto que planteará recuperar viviendas vacías pertenecientes a entidades financieras con la posibilidad de sancionar a los bancos si no quieren colaborar.

ALTOS CARGOS

Otro de los puntos del acuerdo contemplaba la reducción de altos cargos. Por el momento, según el Gobierno, se ha recortado en un 21%. Paralelamente se está procediendo a la rebaja de los salarios de los altos cargos, salvo el responsable de Plaza y algún caso más. La idea es evitar que haya directivos y cargos que cobren el doble que un consejero o el 40% más que el presidente como sucede ahora.

La inclusión de las cláusulas sociales en los contratos públicos fue otro de los caballos de batalla de Podemos. Se ha avanzado poco. De momento, está trabajando el departamento de Hacienda en adaptar la normativa.

PSOE y Podemos acordaron también eliminar gastos superfluos y anteponer a las personas en las políticas. En este sentido, las dietas de los consejeros han desaparecido. Los protocolos, salvo excepciones, se han finiquitado. Ya no hay vinos ni ágapes. Se ha intentado desatascar el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), hasta tal punto que su tramitación, en cuanto a pagos, estará al día este mismo mes.

Por lo que respecta a la reducción de listas de espera y la garantía de la sanidad universal, el 29 de julio se dio la instrucción para que los inmigrantes sin papeles pudiesen ir a los centros de salud. Según los datos del Gobierno, 1.299 personas acceden al sistema sanitario sin tener papeles en Aragón. En paralelo, se ha creado una comisión para la listas de espera. No existe solución aún.

La paralización de la LOMCE fue una de las primeras medidas del Gobierno. Se han ampliado las becas de comedor y la partida ha pasado de 5,5 a 6,6 millones. Educación ha contratado a 250 profesores más que el curso pasado, y se ha prohibido hacer contratos de menos de ocho horas de clase. Se han aumentado las auxiliares de infantil de 81 a 88. No se ha logrado paralizar Magisterio en la privada.

El Gobierno está preparando una normativa para cobrar a las grandes empresas que explotan los embalses en Aragón. La ley no chocará con la legislación estatal. Se pondrá en marcha el año que viene. En cuanto a la pobreza energética, Hacienda y Servicios Sociales lo están estudiando para incluir este asunto en la renta social básica, que será realidad el año que viene.

Por último, esta semana se aprueba la reforma de la ley de la radio y la televisión públicas, y se están estudiando fórmulas para acometer la modernización tecnología.