Cinco colegios de Zaragoza han presentado recursos en juzgados de lo Contencioso Administrativo de la ciudad contra la decisión del Gobierno aragonés de cerrar aulas de enseñanza concertada en sus respectivos centros. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) reconoció ayer haber recibido cuatro recursos, si bien en las últimas horas podría haberse sumado ya uno más, según pudo conocer este diario.
En todos los recursos interpuestos se solicitan medidas «cautelarísimas» para instar la paralización de las medidas acordadas por la Administración regional respecto al cierre de las referidas aulas a partir del próximo curso escolar.
Dos de los colegios concertados, el Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Guadalupe, presentaron sus recursos a última hora de la mañana del pasado jueves, mientras que los dos restantes, Teresianas del Pilar y Cristo Rey-Escolapios, lo hicieron a lo largo de la jornada de ayer.
Los titulares de los juzgados de lo Contencioso 1 y 3 de Zaragoza dictaron ayer sendos autos referidos a los recursos interpuestos en los que acuerdan tramitarlos como petición de medida cautelar y no «cautelarísima» al considerar que no existen razones de especial urgencia
URGENCIA
A este respecto, uno de los jueces aseguró que «aunque existe cierta urgencia en la respuesta judicial ante la presente petición cautelar, lo cierto es que la vista de la fecha en la que se inicia el proceso de solicitud de plazas escolares, resulta posible que se pueda resolver esta pieza con anterioridad al inicio de dicho plazo».
Ambos jueces acuerdan dar de plazo a la Administración educativa regional y a la Fiscalía hasta el próximo martes, «sin posibilidad de prórroga alguna», para que presenten sus respectivas alegaciones a la decisión sobre el cierre de aulas de concertada.
Considera uno de los magistrados que dada la «complejidad y trascendencia de los intereses en juego», es necesario, antes de dictar una medida cautelar, conocer las alegaciones del Gobierno aragonés y de la Fiscalía.
Ambos jueces argumentan que el plazo concedido para alegaciones no supone un detrimento en la efectividad de la eventual medida cautelar solicitada, y advierten que al tratarse de un procedimiento que afecta a derechos fundamentales de las personas, «es necesario conocer la aportación del ministerio fiscal».
Los recursos presentados impugnan la «carga» de la aplicación informática GIR, realizada por el Departamento de Educación del Gobierno aragonés en relación a su propuesta de plazas para la admisión de alumnos, y cuestionan el sistema de supresión de aulas en la concertada.
PRECEDENTE
Servicios jurídicos de la concertada consultados por este diario mostraron ayer su «absoluta confianza» en que los recursos saldrán adelante y que se paralizará el proceso. Para ello se apoyan en sentencias judiciales adoptadas en los últimos años en otras comunidades. Es el caso de Andalucía, donde, el pasado año, el Tribunal Supremo impuso el concierto de un centro que había sido suprimido por la Administación educativa. «Se puede aplicar la doctrina general de este caso porque un concierto educativo solo se puede suprimir si no hay opción probada de consignación presupuestaria y por falta de demanda social», indicaron estas fuentes.
