La relación entre el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el Real Zaragoza es buena, o al menos eso dicen ambos, pero siempre que uno de ellos habla sobre el estadio donde juega la entidad blanquilla, el otro calla o rehuye el órdago. Ayer le tocó el turno al club, que preguntado por este diario sobre la petición del ayuntamiento de acometer las reformas más urgentes del campo de fútbol por seguridad, optó por responder que no hacían valoraciones al respecto.

No hace ni un mes que los responsables del club salían, tras confirmarse el fiasco deportivo que le condenaba a permanecer un año más en Segunda División, a pedir al ayuntamiento la reforma integral del estadio para favorecer su supervivencia. Se entendía entonces que el consistorio podría echar mano del erario público para acometer una inversión de más de 25 millones de euros y obtener, vía la explotación de nuevos espacios comerciales, más ingresos para su subsistencia económica. La del club, no la de la ciudad.

Ahora calla ante una situación como la que han evidenciado los estudios técnicos, que valoran el coste de los trabajos en, más o menos, lo que en mayo del 2015 se había comprometido a pagar en concepto de canon por una cesión del estadio a 75 años.

Y con un añadido que puso ayer de relevancia ZeC: si las obras las contrata el club pueden empezar mañana mismo, pero si lo hace el ayuntamiento deberán licitarse y adjudicarse, y se perderán, como mínimo, cuatro meses de tramitación hasta que puedan empezar. En su mano está que puedan acometerse con la temporada iniciada.