Una comisión se encargará de vigilar que los centros concertados cumplen con la exigencia impuesta al sector por el Gobierno de Aragón de escolarizar a alumnos con necesidades educativas especiales. Así quedó acordado en la sectorial que reunió ayer -por primera vez desde la gran manifestación de la concertada el pasado día 4 de abril y la judicialización del cierre de aulas- a la Administración con las dos patronales y los sindicatos de la concertada (FSIE, USO, CCOO y UGT) en un encuentro marcado por la tensión.

Esta comisión deberá garantizar que estos colegios ejecutan las condiciones que Educación introdujo como requisitos imprescindibles para el acceso y la renovación de conciertos: la gratuidad efectiva del servicio educativo y el compromiso de escolarizar a alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo. De hecho, los centros debían firmar unas declaraciones juradas de que cumplirán estas dos condiciones.

Así, la mesa sectorial acordó crear un grupo de trabajo que haga un seguimiento de esta escolarización equilibrada y del cumplimiento del compromiso por parte de la escuela concertada. «Hay un desequilibrio manifiesto y la escuela pública tiene un mayor número de alumnos con necesidades que la concertada. Hay que equilibrar esas cifras para dar una mejor respuesta al alumnado», explicó el secretario general técnico del Departamento de Educación, Felipe Faci, que participó en el encuentro junto al director general de Planificación, Ricardo Almalé.

En la orden de escolarización establece una reserva de hasta tres plazas por aula para el alumnado con necesidades. Lo hace en todos los centros salvo en aquellos que superen el 20% de niños con necesidades específicas. Este porcentaje mejora respecto al curso pasado cuando, por primera vez, se estableció que aquellos colegios que superaran el 30% de alumnos con necesidades especiales no reservarían plaza. Este curso, el límite se rebaja, pues, un 10%.

De este modo, los centros que no alcancen ese porcentaje podrán acoger alumnado de este tipo a lo largo del curso. Esta medida y la creación de la comisión contaron con el beneplácito de los sindicatos.

Pero el encuentro estuvo presidido por la tensión. Educación justiticó el cierre de 13 aulas -suspendido cautelarmente por los juzgados- en una cuestión de planificación educativa, pero los sindicatos rechazaron este argumento y reprocharon a la Administración que esta medida haya respondido a una «decisión política» fruto del acuerdo con Podemos para la aprobación de los presupuestos de la comunidad.

Además, Faci y Almalé subrayaron que la Administración había preferido suprimir aulas en centros grandes con 4 y 5 vías en lugar de tomar medidas con colegios de una sola que podrían no contar con demanda suficiente y cuya supervivencia se ha asegurado merced a esa eliminación de vías en colegios más grandes.

Por otra parte, la negociación por la recolocación de trabajadores afectados por la supresión de aulas quedó aplazada ante las medidas cautelares impuestas por los tribunales.