No es lo mismo heredar en Aragón o Asturias que en Andalucía, Canarias o Madrid. Un hijo que, por ejemplo, herede 800.000 euros de un padre residente en Asturias tendrá que tributar este año 103.135 euros. El pago podría quedar reducido a 9.800 euros si el padre tuviera su residencia en Cataluña; a 1.586 euros, en Madrid; o a cero euros, en Andalucía. La palma se la llevaría un aragonés, que sería quien más pagara, con 155.389 euros, según algunos de los ejemplos del informe Panorama de Fiscalidad Autonómica y Foral que cada año publica el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF)
Consciente de este abismo, el hijo de un jubilado asturiano optó por empadronar a su padre en su propio domicilio madrileño. Cuando el padre falleció el hijo logró un considerable ahorro fiscal. No contaba con las comprobaciones de la Hacienda autonómica asturiana que tras recopilar datos sobre el consultorio médico habitual del padre, el uso de cajeros automáticos y la suscripción de su periódico obtuvo rápidas evidencias de que en los cinco años previos a su fallecimiento el hombre había conservado su residencia habitual en Oviedo. El caso, pendiente de resolución, ilustra algunas de las consecuencias de la competencia fiscal a la baja en el impuesto de Sucesiones en la que se han enredado las comunidades.
ÚLTIMOS MOVIMIENTOS
Los últimos en sumarse a la competición han sido los gobiernos socialistas de Andalucía y Extremadura, lo que ha causado malestar en algunas comunidades autónomas, como Aragón, que consideran que se ha producido deslealtad con el resto de comunidades socialistas. Fruto de su pacto de investidura con Ciudadanos, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha puesto en marcha en el 2018 un mínimo exento de tributación de un millón que, en la práctica, deja libre de impuestos la mayor parte de lo heredado por los familiares más directos (cónyuge, ascendientes y descendientes). Los gobiernos de Murcia (PP), Castilla y León (PP) y Cantabria (PRC) también se han sumado este año a la competición a la baja que en su día lideró Madrid (PP), al igual que ha introducido cambios Asturias (PSOE), sin lograr evitar que siga figurando como la segunda comunidad que más grava las herencias, tras Aragón (PSOE-CHA). Precisamente aquí, se ha creado una comisión parlamentaria de estudio para conocer el impacto de este impuesto y el Gobierno se ha comprometido a trasladar a las Cortes un informe exhaustivo sobre el impuesto.
El informe elaborado por el órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España destaca que «la competencia fiscal entre comunidades autónomas es dispar». Mientras en el IRPF no hay una tendencia definida al alza o a la baja, en Sucesiones y Donaciones la competencia es claramente a la baja. En sentido contrario, la tendencia es al alza en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava la compra de viviendas de segunda mano. La carrera fiscal a la baja en Sucesiones ha reducido su recaudación total el 13% desde el 2008 hasta dejarla en 2.423 millones en el 2016.
Con razón o sin ella, la idea de quienes propugnan una carrera a la baja en Sucesiones es que se trata de un impuesto injusto que grava a las clases medias, mientras que los ricos encuentran la forma de sortearlo.
Los expertos que en julio pasado entregaron al Gobierno un libro blanco para la reforma de la financiación autonómica abogan por «introducir unos niveles mínimos de tributación que impidan que una posible espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición de este tributo», al que atribuyen una gran capacidad de «redistribución» de la riqueza. Lo que parece claro es que si este año no se logra pactar una reforma del modelo de financiación autonómica, con un criterio para los impuestos cedidos, el futuro del impuesto de Sucesiones «se convertirá en tema estrella» en las elecciones autonómicas del 2019.
