El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza puede crear tensiones entre otras administraciones que se sientan agraviadas por la fijación de una dote económica en la ley de capitalidad. De hecho, las primeras voces críticas se elevaron en las últimas horas en la provincia de Huesca, especialmente en el ayuntamiento. Ahí, salió adelante en el pleno una moción para reclamar al Gobierno de Aragón una mejor financiacióny un mayor apoyo económico. El concejal de Hacienda, el socialista José María Romance, consideró lógica esta reivindicación, y añadió que en los últimos años la ciudad de Huesca ha visto reducir notablemente sus ingresos procedentes de la comunidad autónoma.

Romance recordó que Huesca necesita esa mejora en la financiación, pero especialmente un sistema estable. También indicó que la ciudad altoaragonesa es la segunda capital de Aragón por número de habitantes.

La reivindicación del consistorio, gobernado por el PSOE, también coincidió con una reclamación de la Diputación Provincial de Huesca qureclamó más fondos para la provincia y poder realizar mejores prestaciones y servicios. La Diputación Provincial de Huesca, presidida por el socialista y uno de los hombres con más peso en el PSOE aragonés, Miguel Gracia, también apoyó al ayuntamiento de la capital y exigió al Gobierno de Aragón más dinero.

Las pretensiones de la provincia de Huesca son las primeras reacciones críticas hacia la ley de capitalidad, aunque podría tener una segunda lectura que complica más el panorama. Esa lectura sería en clave interna, puesto que las dos instituciones altoaragonesas que se han levantado contra el acuerdo alcanzado entre Lambán y Santisteve son dos de las de más peso político que actualmente tiene le PSOE. Tanto por su importancia institucional como por el destacado papel orgánico que algunos de sus miembros tienen en la ejecutiva.