Los contrarios al pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) buscan llegar a la raíz del problema para conseguir su supresión. Por ese motivo, la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), una agrupación de organismos ecologistas, políticos y de consumidores, tiene previsto presentar un recurso administrativo contra todo el plan autonómico de saneamiento y depuración de aguas del que emana el tributo. Con esta medida, si es aceptada, se garantiza que el Gobierno de Aragón, a través de su Consejo Consultivo, se pronuncie, en concreto, sobre la legalidad de la revisión del 2009 del modelo en un plazo de seis meses.

La presidenta de la RAPA, Maribel Torrecilla, destacó que este recurso de revisión de oficio, como se conoce de forma técnica, es independiente del debate político que terminará con una revisión de la ley de aguas, según el compromiso de la DGA. «No nos podemos arriesgar a que no se cumpla», dijo. En estos momentos se está preparando una propuesta de mejora que deberá ser debatida en las Cortes de Aragón. «Es posible que la decisión final no nos convenza», avanzó.

Las causas de nulidad que recoge el documento que han redactado en la RAPA se basan en que el discutido modelo «incumple la directiva de hábitats porque existía la obligación de realizar previamente la adecuada evaluación, cosa que no se hizo», según argumentan. Además, creen que que infringe igualmente la directiva de evaluación ambiental estratégica, al tener «efectos significativos sobre el medio ambiente».

En la lista de reproches al proyecto la RAPA también avanza que podría no cumplir la directiva marco del agua al no haberse realizado en su día un análisis coste-eficacia «de conformidad con el principio de que quien contamina paga». El Gobierno de Aragón, por su parte, ya considera derogados los planes a los que se hace referencia.

acción conjunta / Si esta solicitud de revisión fuera desestimada, la RAPA contempla presentar de forma conjunta con Ecologistas en Acción una denuncia ante un juzgado de lo contencioso administrativo. Esto se debe a que la oenegé tiene derecho a la justicia gratuita en este tipo de demandas relacionadas con el medio ambiente.

Por el momento, la opción elegida permite controlar los tiempo procesales. Torrecilla mostró su disconformidad con el recorrido que lleva su recurso ante el Tribunal Constitucional, presentado en el 2016, y del que todavía no tienen noticia.