Por fin, 27 años después de que el primer Estatuto de Autonomía lo previera, Aragón dispone desde hoy de un marco regulador que reconoce su riqueza cultural y admite una realidad trilingüe que, por diversos motivos, ha nacido tras un parto plagado de complicaciones. Las Cortes darán hoy luz verde a la Ley de Uso, Protección y Promoción de las lenguas propias de Aragón.

A pesar de ser un compromiso de gobierno firmado por los dos partidos que lo componen, PSOE y PAR, las desavenencias entre ambos (por el planteamiento aragonesista que se niega a admitir la existencia del catalán en el Aragón oriental) han provocado que los socialistas tuvieran que presentar en solitario la iniciativa legislativa. El PSOE ha mirado a la izquierda y se ha apoyado en CHA, que ha sido capaz de negociar y enriquecer el texto inicial.

Mientras que el PP se ha obstinado en rechazar una ley en la que ven una amenaza anexionista de Cataluña y un despilfarro económico, IU habría entrado a gusto en el pacto PSOE-CHA. Sin embargo, la apoya al considerar que decepciona a sus bases en el territorio por no admitir la cooficialidad.

En el Aragón surreal que a veces impide comprender bien las cosas, con la ley de lenguas se ha vivido uno de sus episodios más paradigmáticos. Lo que ahora ha provocado una división frontal entre los grupos, hace 12 años aglutinaba el consenso. Fue precisamente el PP, que ahora reniega de que se admita la realidad lingüística, quien promovió cuando gobernaba una ley de patrimonio que permitía a los territorios bilingües rotular sus señales e indicadores en su lengua propia. El texto fue aprobado por la unanimidad que hoy no goza.

25 AÑOS EN LA ESCUELA Otro indicador más del enrarecido clima que ha suscitado en algunos esta iniciativa: desde hace más de 25 años, los escolares de las zonas con más de una lengua pueden aprender en las aulas su idioma vehicular.

Con la victoria del PSOE en las elecciones de 1999 pareció allanarse el camino al reconocimiento de esa realidad trilingüe. Una parte del PAR se ha opuesto tran frontalmente que durante las tres legislaturas de coalición ha sido imposible llegar a un acuerdo. La paciencia de Marcelino Iglesias (aragonés catalanohablante) se quebró a última hora. Solo entonces ha sido capaz de sacar adelante un proyecto de ley a través de su grupo parlamentario. Atrás quedaron los proyectos de ley del 2001 y el 2005. Y el Estatuto del 2007, en el que se habla de lenguas propias sin decir cuáles eran por temor. Los proyectos anteriores eran más audaces que el que hoy se aprueba, puesto que reconocían la cooficialidad, pero ninguno superó la prueba del bolígrafo rojo del vicepresidente, José Ángel Biel. Hoy, por fin, se reconoce el derecho de unos 70.000 aragoneses a expresarse en su lengua materna.