La modificación introducida por el actual Gobierno de Aragón en las leyes del menor y de espectáculos públicos, que amplía la entrada libre a los recintos a los mayores de 16 años, no parece que vaya a tener mucho impacto en los cotillones de este año, una de las celebraciones a las que atañe.

Así será al menos en Zaragoza capital, que concentra, por tamaño, muchas de estas fiestas en la comunidad. La asociación Cafés y Bares ha recomendado a sus asociados que prohíban la entrada de cualquier menor, para evitar posibles sanciones. Algo perfectamente lícito, recordaron fuentes del Ejecutivo autonómico, dado que la ley permite, pero no obliga, el derecho de admisión está regulado, siempre que no se ejerza por motivos discriminatorios como la raza o el sexo.

Según explicaba Jorge Bernués, gerente de Cafés y Bares, «es prácticamente imposible controlar al 100%» que los menores no consuman alcohol, si se les permite acceder a los recintos. El cambio que introdujo la ley 5/2016 del Gobierno de Aragón fue precisamente el acceso libre (no acompañado) de mayores de 16 años, o de menores de entre 14 y 16 con adultos, en los espectáculos y conciertos, ante las quejas de los colectivos culturales y empresarios de que de lo contrario se les impedía acceder a conciertos, por ejemplo.

La norma marca que los menores de 18 deben estar perfectamente identificados, pero esto no es tan sencillo. Bernués explica que algunos socios han consultado la posibilidad, o tienen pensado, identificar a adultos, por ejemplo poniéndoles pulseras, de forma que solo quien esté habilitado pueda pedir en la barra. Pero esto no soluciona el problema, pues «a algunos adultos no les importa pedir alcohol para dárselo a los menores». Lo mismo, opina, que ocurre en el botellón, que no se ha logrado erradicar. Apostaría por sancionar a los padres o menores, en este aspecto.

Con esta posibilidad de que el adulto provea, la sanción acaba yendo para el hostelero, en el caso de que una inspección detecte a menores bebiendo en un local. Unas sanciones importantes, desde 3.000 euros, que tal como están las cosas los propietarios no se pueden permitir. Y desde un punto de vista estrictamente comercial, «los menores son los que menos poder adquisitivo tienen, así que no es tanta la pérdida» de no dejarles entrar, añade el gerente de Cafés y Bares.

Bernués se muestra nostálgico de la regulación de la separación de espacios con y sin alcohol, que impedía que se «criminalice» al hostelero. Por el momento, se quedarán como están.