El sindicato CSIF denunció ayer que los casi 18.000 empleados públicos del medio rural aragonés tienen que pagar desde el 1 de enero de forma anticipada su atención sanitaria en los centros de Salud, por lo que exigió al Gobierno de Aragón y a las mutuas que se pongan de acuerdo para evitar este hecho.
Según detalló el sindicato en un comunicado, se trata de empleados públicos acogidos al sistema de mutualidades (Muface, Mugeju e Isfas) que desarrollan su labor o que, circunstancialmente, precisan de atención sanitaria lejos de los grandes centros urbanos.
Para el sindicado, no es comprensible que la Administración «anteponga el afán recaudatorio a una adecuada atención sanitaria de sus propios trabajadores», dijo. Y, por ello, exige a la DGA y a las mutuas que logren un acuerdo para la renovación de un convenio que evite esta situación «bochornosa» y que supone un «nuevo recorte de derechos» para los funcionarios del medio rural.
Mientras llega ese acuerdo, CSIF aboga por articular la fórmula oportuna para garantizar la inmediata devolución de lo que los pacientes han de pagar anticipadamente a la Seguridad Social. «No se puede pregonar la defensa del desarrollo del medio rural aragonés y, al mismo tiempo, animar a tantos a buscar la forma de huir de él», dijo.
