Pocos habitantes, dispersos y envejecidos. Aragón, Galicia, Castilla y León y Asturias comparten bastantes características que complican su financiación. Y a pesar de que cuentan con algo más de 7 millones de habitantes y representan el 36% del territorio nacional, el reparto financiero no suele tener en cuenta el desafío que supone esta situación demográfica.

Con el objetivo de facilitar el desarrollo rural, en la declaración firmada ayer en la ciudad de León, los cuatro gobiernos autonómicos instaron al Ejecutivo central a la puesta en marcha de una estrategia de cooperación territorial contra la brecha digital.

Este plan debería abarcar todas aquellas medidas que permitan alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultrarrápida en las cuatro comunidades. De esta forma se debería llegar a una cobertura de más de 30 Mbps para el 100% de la población antes del año 2020. Y de estos hogares al menos la mitad tendría que alcanzar los 100 Mbps.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, destacó la necesidad de coordinar todas las acciones y repitió la idea de que la despoblación debe considerarse «política de Estado». Por ahora ocho comunidades autónomas con problemas similares ya han constituido un foro común cuya última reunión se produjo el pasado junio en Teruel.

«Lo que reclamamos es un sistema que permita que regiones como las nuestras, despobladas, con una población envejecida y dispersa, tengan a sus ciudadanos disfrutando de los mismos derechos que las autonomías más pobladas», aseguró el dirigente aragonés.