Cuatro exconsejeros del Gobierno de Aragón en la etapa PSOE-PAR y uno del actual Gobierno del PP-PAR han sido imputados por prevaricación en el caso apartadero, en el que el juez Alfonso Tello, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, investiga la existencia de este delito y otro de malversación en dos contratas adjudicadas por Plaza en el 2008 y el 2009. Junto a Francisco Bono, actual consejero del PP, los exresponsables socialistas Alberto Larraz y María Teresa Verde y el exconsejero aragonesista Alfredo Boné, ha sido encartado todo el consejo de administración de la plataforma logística en la época, compuesto por trece personas en representación de la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza, Ibercaja y CAI. Se unen al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, hasta ahora el único imputado en el cuarto caso Plaza.

El juez ha citado a todos los implicados --que pueden ver sobre estas líneas-- entre los días 14 y 17 del próximo mes de julio, para conocer su versión. Según el magistrado, pudieron hacer más para controlar las presuntas irregularidades a las que daban su aprobación. También ha llamado a tres testigos, dos secretarios y un abogado, que estaban presentes en las reuniones pero no tenían poder de decisión.

El juez, en su auto de imputación, incluye a tres exconsejeros que actualmente son aforados: Bono por formar parte del Consejo de Gobierno de Rudi, y Vicente y Boné por ser diputados en las Cortes. Por este motivo, el juez no tiene potestad para interrogarles y ordena darles traslado de las actuaciones, según marca el artículo 118 bis de la Ley de Enjuciamiento Criminal.

Según fuentes jurídicas, esto implica que los tres pueden optar por comparecer voluntariamente, con abogado y procurador. En caso contrario, el juez tendría que derivar la instrucción al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, competente para juzgarles por su cargo, y que en este caso asumiría presumiblemente toda la causa.

Los excomponentes del consejo de administración deberán aclarar por qué aprobaron la concesión de los contratos bajo sospecha, de las obras del apartadero ferroviario --adjudicado en el 2008-- y al movimiento de tierras para la zona de reserva de crecimientos, al año siguiente. Ambos sumaron 15,5 millones de euros. Tras la denuncia del exempleado de Acciona Francho Chabier Mayayo, que corroboró las de Fiscalía, el juez investiga irregularidades como haber sido licitados por procedimiento "negociado y sin publicidad", pero sin destacar "aspectos a negociar". En el caso del apartadero, el informe en el que se basó la adjudicación "carece de fecha, firma o identificación del autor", según detectó el Tribunal de Cuentas.

FUNCIONARIOS El juez admite en su auto que los consejeros pudieron aprobar estos contratos guiados por las explicaciones de García Becerril, aunque quiere oirles explicarlo. Pero aunque estuvieran "condicionados por esta información", sostiene a priori que "evidentemente pudieron votar en un sentido diferente al que lo hicieron, pedir más explicaciones o demorar la decisión a una reunión posterior para un estudio más detallado, especialmente de las consecuencias de la decisión que estaban tomando".

El juez sostiene que al tratarse de una sociedad fundada con capital público, y sometida a la normativa de contratación pública a efectos penales los consejeros tienen "carácter funcionarial", que es uno de los requisitos que exige el Código Penal para aplicar el delito de prevaricación. Junto con el dictar resoluciones injustas y ser consciente de ello.

Por ello, sostiene que los consejeros pueden ser imputados por prevaricación, y declarar así con abogado, para "garantizar" sus derechos.