La petición de los sindicatos del Ayuntamiento de Zaragoza de volver a la jornada laboral de 35 horas semanales lleva rumbo de abrir el camino a otras administraciones o de encallarse en la misma polémica que ya ha surgido en otras latitudes del país. No será fácil plantar cara a un Gobierno de España, ahora en funciones, que está haciendo valer su decreto ley del 2012 que la aumentó a 37,5 horas semanales a golpe de recurso en los tribunales. Y que no puede modificarlo aunque quisiera. Este es un reto que la capital aragonesa no descarta pero tampoco avala abiertamente. Por ahora, Zaragoza en Común (ZeC) aboga por "ser cautelosos" con una medida que lleva en vigor cuatro años y que apoyarán "siempre que no cueste más dinero".

Así lo manifestó ayer, en declaraciones a este diario, el responsable municipal de Personal, Alberto Cubero, durante su visita, junto al alcalde, Pedro Santisteve, al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). El edil de ZeC destacó que "no sería prudente adelantar los entresijos de la negociación" con los sindicatos por el futuro pacto convenio que "está avanzando bien" y que ya puede considerarse "en la última fase".

SIN CONTRADICCIÓN

Aunque no niega que este sea un escollo ni que genera demasiados interrogantes todavía en el Gobierno municipal. "La propuesta no nos genera ninguna contradicción ideológica, estamos de acuerdo con las 35 horas semanales, pero no puede costar más dinero ni empeorar la calidad del servicio", aseveró. Esto es lo que los sindicatos "dicen que sí se puede" y a lo que en ZeC admiten que desconfían. "Nosotros tenemos dudas y lo que vamos a hacer es crear una mesa técnica para ver si, servicio por servicio, es posible hacerlo. Y si lo es, por supuesto que se hará realidad".

Así que resulta que lo que menos asusta es lo que en otras comunidades autónomas está generando más polvareda: saltarse el decreto ley de Rajoy de julio del 2012. "Esta y otras propuestas se harán con el acuerdo sindical y respetando el marco legal que existe", declaró Cubero, quien recordó que "hay que ser muy respetuoso y más en Zaragoza que ya tenemos muchos recursos" interpuestos por la Delegación del Gobierno en Aragón.

"Pero también decimos que la legalidad aplicada por el Gobierno estatal en materia de personal nos parece injusta. Se ha recortado mucho: con la extra, la bajada salarial y el aumento de la jornada laboral. Pero hay que respetarlo porque son quienes hacen las leyes", apostilló.

En Castilla-La Mancha y el País Vasco, los sindicatos y el propio Gobierno autonómico están a la greña con Rajoy después de que el Ejecutivo central haya impugnado su reducción a 35 horas semanales. Eso en Aragón difícilmente se podrá dar, ya que en la DGA la jornada antes del decreto era de 37. Se pelea más por conseguir dos días más de moscosos.

La alternativa es echarle imaginación, como hicieron otras instituciones en la pasada legislatura. En la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), siendo Luis María Beamonte presidente (PP), se creó la bautizada como "compensación por exceso de jornada" que les devolvió, en el cómputo global, a las 35 horas. En la Universidad de Zaragoza pasó por sacarse de la manga el llamado cierre por ahorro climático que contrarrestaba el aumento de la jornada laboral con festivos en Semana Santa. Lograron casi los mismos días de fiesta que disfrutan los estudiantes. Y con la Delegación del Gobierno en Aragón mirando a otro lado.