El proyecto autonomista para Aragón, que ahora parece una realidad inamovible, no tuvo una gestación sencilla. Sin embargo, 35 años después de la aprobación de un Estatuto de autonomía que casi contó con la unanimidad del arco político aragonés, aquellas diferencias ya se ven únicamente como un anhelo de lo que pudo ser más que como motivo de discordia. La voluntad es mirar hacia adelante. Especialmente con la vista puesta en la financiación, una de las tareas pendientes en este periodo.
La última reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Estado pudo sentar las bases para el desarrollo del artículo 108 del texto. En ese punto se describe que el Estado deberá tener en cuenta el esfuerzo fiscal de Aragón y que atenderá «singularmente los criterios de corresponsabilidad fiscal y solidaridad interterritorial». También se abre la puerta a un convenio bilateral para un nuevo marco económico.
Todavía es pronto para aventurar nada al respecto, pero en los últimos años nunca se había puesto sobre la mesa esta reclamación. Los implicados piden «tiempo», especialmente por los receleos de otras comunidades y las tensiones soberanistas.
La crisis económica de los últimos años y la necesidad de contener el déficit han limitado enormemente la posibilidad de desarrollar el autogobierno. Sin embargo, la autonomía ha sido clave en el desarrollo de infraestructuras y en las inversiones de la iniciativa privada. Siempre con el paraguas de la DGA, se ha tratado de mantener un tejido económico con garantías. En materia de empleo, una de las últimas competencias transferidas por el Estado, también se ha avanzado con el fomento de iniciativas, tanto privadas como públicas como mixtas.
Entre las tareas pendientes está la necesidad de establecer la despoblación como un elemento básico para decidir la financiación autonómica. La discusión excede los límites de las relaciones bilaterales y la comisión estatal de expertos que ha trabajado sobre el asunto en los últimos años no parece muy favorable a las pretensiones aragonesas.
competencias / El Estatuto de 1982, modificado de forma sustancial en el 2017, ha guiado en los últimos 35 años las relaciones con el Estado. En este periodo se han sucedido las transferencias de competencias en asuntos clave. La primera, incluso antes de la aprobación del texto -llegó el 13 de febrero de 1979-, fue la capacidad de gestionar municipios, agruparlos, fusionarlos y disolverlos, así como la autonomía para crear gestoras y mancomunidades.
La última recibida fue el 11 de febrero del 2011: aeródromos, aeropuertos y helipuertos que no sean de interés general. Entre medio, algunas tan complejas como la Educación y la Universidad (en 1996 y 1999) o la Sanidad, en 1991. Sin olvidar en el 2006 la Justicia o en 1993 el juego, la protección de menores o la cultura. En total han sido 111 competencias. La cifra está bastante lejos de las 185 que gestiona Cataluña o las 152 que recibieron los andaluces.
mermas tributarias / La gestión de estos cometidos permite atender a los ciudadanos de forma directa. Aunque tienen un coste a las arcas públicas que enturbia las relaciones con Madrid. El lastre financiero real no se ha calculado de forma precisa y para eso se ha puesto en marcha en las Cortes de Aragón una comisión técnica. La DGA cifra esta deuda histórica del Estado con la comunidad autónoma en 7.566 millones de euros. Equivale al presupuesto de un año y medio.
El informe desglosa esta deuda en diversos conceptos sobre los que han trabajado los técnicos del Ejecutivo autonómico. Así, 835 millones de euros se deben a mermas tributarias, 535 se apuntan al déficit por la no financiación del gasto comprometido en dependencia, 76,6 en materia de educación, a los que hay que sumar otros 5,6 millones por el coste de la implantación de la Lomce, 4.887 por infraestructuras y 1.227 de sanidad. Otras comunidades ya han tomado ventaja para reclamar estos derechos, especialmente aquellas que supieron hacer valer sus símbolos históricos.
La autogestión ha sido compleja, pero el proceso es irreversible. Ahora solo queda profundizar en lo que marca el Estatuto.
ZARAGOZA
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