El Consejo de Gobierno abrió ayer un proceso de participación para aprobar antes de que termine este año la Ley de Renta Básica. Es una promesa electoral del PSOE y uno de los puntos cruciales del acuerdo de investidura entre los partidos de la izquierda. El Ejecutivo estima que será necesaria una dotación económica de entre 80 y 90 millones, que se incluirían en los presupuestos del 2016. Para este ejercicio apenas daría tiempo a desarrollar la norma dado lo ajusto de los plazos.
Hay que tener que cuenta que queda por delante cerrar el proceso de participación; la aprobación del proyecto de ley, y posteriormente su tramitación parlamentaria. En el mejor de los escenarios estará a finales de este año. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se mostró ayer convencida de que el proceso que convierta en realidad la renta básica en Aragón se llevará con la "máxima urgencia". El Ejecutivo ha colocado esta medida entre sus principales prioridades y quiere llevarla a cabo cuanto antes, aunque contando con la participación de las entidades sociales. "Se hará muy rápido", avanzó la titular del ramo.
PRIMERO LA GENTE
El compromiso del Gobierno, subrayó Broto, es anteponer a las personas sobre cualquier otro tema, y en primer lugar a las que tienen dificultades, por lo que si es posible alcanzar un acuerdo para presentar la ley en el Parlamento antes de final de año se debatirá con premura --siempre dentro de los plazos establecidos-- y de aprobarse, se harían las modificaciones presupuestarias para aplicarla y en todo caso contará con la partida correspondiente en los presupuestos del 2016, avanzó. De llegar a aplicarse este año solo sería necesario ampliar el crédito para uno o dos meses.
Broto admitió que el Gobierno todavía no tiene un estudio certero de cuántas familias podrían beneficiarse de la renta básica, ni tampoco de las cuantías que se concederán. "Variarán --dijo-- en función de las necesidades y de la situación de cada demandante". Aclaró un aspecto relevante de este salario social: no será algo "graciable" --es decir un ayuda como el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI)--, sino un "derecho subjetivo" para todos aquellos que cumplan los requisitos, que se tendrán que concretar, señaló la consejera.
COMPLEMENTO
La renta básica será complemento, por ejemplo, para familias que sin tener riesgo de exclusión atraviesan momentos complicados porque varios miembros están en el paro y no les alcanzan los ingresos para cubrir sus necesidades. El objetivo es ofrecer una garantía de dignidad a la ciudadanía desde la Administración pública. Supone un cambio en la concepción del papel de las instituciones; se pasa de la ayuda y la subvención --criticada por algunos sectores-- a la creación de un derecho que abarca a toda la sociedad, y que tiene especial relevancia tras una crisis económica que todavía tiene sus efectos. Eso no quita que una persona que reciba el IAI puede tener a su vez la renta básica. Aunque las condiciones para la concesión del salario están todavía por definir.
Esta medida, en la que Aragón toma la delantera en el ámbito estatal, cumple con el Estatuto, según precisó la consejera. La norma básica que rige la comunidad establece que se debe garantizar una renta básica y eliminar las causas y efectos de marginación social. La ley de Servicios Sociales de Aragón, por su parte, plantea la integración en el catálogo de una iniciativa de estas características. Así que la DGA cumple con sus socios, con sus propias promesas electorales, y con la normativa.
