La Ley de Lenguas fue una de las cuestiones que primero abordó el anterior Gobierno del PP. Acuciado por el PAR, corrió a modificar una norma, que luego sería motivo de mofa en todo el país. Con el PSOE en el Pignatelli, y de la mano de CHA, el Ejecutivo de Javier Lambán quiere darle un giro de 180 grados a la política lingüística seguida hasta ahora. Eso sí, advierten al socio que se buscará el máximo consenso y que las decisiones no dependerán únicamente de Chunta.

El encargado de verbalizarlo fue el portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, al hilo del nombramiento del director general de Política Lingüística del Gobierno. El cargo recae en el militante de CHA, Ignacio López Susín, todo un experto en la materia. Pero el PSOE quiere evitar que este asunto, polémico por naturaleza, se le vaya de las manos. Y sobre todo que las decisiones de Chunta puedan motivar desencuentros con otros socios necesarios, como Podemos e IU con los que se quiere buscar un pacto en las Cortes sobre este asunto. Más complicado parece a priori el acercamiento con PP, PAR o Ciudadanos.

Los dos primeros partidos dudan incluso de que en las comarcas limítrofes con Cataluña se hable catalán --con sus variedades-- lo que casi imposibilita llegar a un texto legislativo común.

ACERCAMIENTOS El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, expuso ayer públicamente el "compromiso" del Ejecutivo autonómico de "buscar los mejores consensos posibles" en materia de política linguística. "Estoy convencido de que se lograrán. Este Gobierno va a trabajar en ello, no vamos a infravalorar la situación, pero tampoco a supravalorar", subrayó.

El portavoz del Gobierno explicó que en la DGA son "conscientes" de la pluralidad linguística que existe en Aragón, así como de las "situaciones no pacíficas" que genera dicha situación y, por ello, buscarán acuerdos para reconducir la situación.

La ley aprobada en su día por el PSOE, y luego modificada por el PP, ya reconocía la existencia de otras lenguas en Aragón, como el aragonés y el catalán. Sin embargo no regulaba la cooficialidad, algo que en su día reivindicó CHA, y que los socialistas no aceptaron. El hecho de que exista una dirección general dedicada a las lenguas evidencia el interés del Gobierno por esta cuestión.