Gobierno y sindicatos alcanzaron ayer un acuerdo que permitirá a los funcionarios cobrar el 75% de la paga extra del 2012 que se les debe. El Ejecutivo abonará los 60 millones a los trabajadores públicos en dos plazos, el 50% en marzo y el 25% restante en septiembre. Esta cuantía no estará contemplada en los presupuestos del 2016, sino que se deberán hacer modificaciones de crédito para habilitar las partidas. Además, la DGA, si por cuestiones de disponibilidad o por sus propias prioridades políticas no puede hacer afectivo este compromiso, tiene la posibilidad de retrasarlo hasta enero del 2017.
El acuerdo, logrado ayer al mediodía en la mesa de negociación, dejó satisfechas a ambas tardes, al menos sobre el papel. El Gobierno zanja el conflicto con los empleados públicos con un documento que apenas le obliga a nada en el 2016, y que le da oxígeno en el corto plazo. Al menos evita problemas en las próximas elecciones del 20 de diciembre, puesto que los sindicatos habían anunciado movilizaciones y protestas.
En la mesa de negociación, sindicatos y Administración protagonizaron un tira y afloja que se prolongó durante varias horas, hasta que alrededor de las 15.00 horas hubo fumata blanca. Los representantes de los trabajadores exigían un calendario claro de pagos de la extra, algo a lo que accedió el Gobierno. El acuerdo fue suscrito por CCOO, CSIF y UGT, mientras que Cemsatse --de ámbito sanitario-- abandonó la reunión, denunciando que el Ejecutivo no se ha movido "nada" durante las conversaciones y que "es inútil perder el tiempo". Su representante, Lorenzo Arracó, dijo estar abierto a todo tipo de movilizaciones, con la excepción de quemarse a los "bonzo".
El acuerdo, además del pago de la extra, contempla la subida del 1% --el máximo contemplado por el Estado-- en los salarios del próximo año. En las arcas autonómicas tendrá una repercusión de 20 millones de euros. También figuran en el pacto los días libres asociados a la antigüedad --canosos--, por un importante aproximado de 10 millones, y abrir un proceso de negociación de los otros asuntos pendientes a partir del 15 de diciembre.
El director general de Función Pública, Ignacio Zarazaga, se mostró satisfecho por el acuerdo, pero remarcó en varias ocasiones que el compromiso presupuestario dependerá de la disponibilidad económica del momento, y de las prioridades marcadas por el Gobierno, que pasan por los servicios sociales. "Haremos lo posible para que haya partidas", dijo. Y advirtió que en el calendario pactado se pueden producir retrasos de un mes, es decir que la paga se puede abonar en abril en lugar de marzo o en octubre, y no en septiembre.
Francisco González (CCOO) remarcó que el acuerdo permite la "restitución de los derechos arrebatados" a los empleados de la Administración autonómica durante los años del Gobierno del PP. Añadió que con las conversaciones entre sindicatos y Gobierno se retoma la "normalidad" en la negociación colectiva.
Pablo Asín (CSIF) consideró "muy triste" que los empleados públicos, "los que más contribuyen a salir de la crisis", tengan que "luchar tanto para que nos devuelvan los derechos" que les han "robado". Dijo estar "moderadamente satisfecho" porque se recupera la extra, se suben los salarios y se establece un calendario para desbloquear la negociación del resto de asuntos pendientes, como el plan de pensiones o la jornada laboral de algunos sectores (educación).
Alicia Hernández (UGT) dijo que estaba muy satisfecha por el acuerdo, porque supone "un punto de inflexión" y, a partir de aquí, se intentará conseguir "absolutamente todo" aquello de los últimos años que el Gobierno del PP ha suprimido a los empleados públicos.
