La búsqueda de un acuerdo en la financiación autonómica es una de las prioridades establecidas por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en su discurso de fin de año del pasado domingo.
Independientemente de los cambios que se produzcan en los ingresos en el actual ejercicio, el dirigente socialista aseguró que es «urgente» consensuar el nuevo modelo «Si este problema no se soluciona pronto las comunidades autónomas están abocadas a la inviabilidad», lamentó. Y realizó un llamamiento a todos los dirigentes para que el debate no se quede en el cajón de los asuntos olvidados. «Tenemos que dedicar a ello nuestra principal atención en los próximos meses», reclamó.
Lambán vinculó este asunto en su intervención al problema de la despoblación, una de las peculiaridades aragonesas para la que pretende involucrar a todos los departamentos de Ejecutivo autonómicos.
Sin órdenes
Más allá del frente común que han esbozado algunas de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE para presionar las políticas de Montoro, en Aragón se pretende buscar un nuevo modelo prestando atención a las necesidades «reales» de la población. Recientemente, en una intervención en las Cortes, el presidente de la DGA aseguró que no está dispuesto «a recibir órdenes de Ferraz --sede federal de los socialistas-» en esta materia.
En estos momentos existe un grupo de trabajo en el propio parlamento autonómico en el que se está tratando de consensuar un modelo con el que puedan estar conformes los siete partidos políticos de la comunidad.
Por su parte, la comisión estatal de expertos para la reforma de la financiación autonómica recomendó el pasado mes de agosto acabar, de forma progresiva, con lo que consideran un «privilegio» de las comunidades autónomas a las que en un momento dado se les dio un reconocimiento especial, entre ellas Aragón, y, con ello, una financiación más elevada que se perpetúa en el tiempo «sin motivo».
Este planteamiento ya fue rechazado por el economista Alain Cuenca, elegido por la DGA para representar los intereses autonómicos. Cuenca fue muy crítico con algunas de las variables que se plantearon en el informe definitivo y reconoció las dificultades para armonizar los intereses de todos los sectores implicados sin aumentan las aportaciones al régimen común.
Como posible solución para el problema defendió que los servicios propios del Estado del bienestar deberían tener «consideración prioritaria» entre los gastos «independientemente de cuál sea la administración que los presta».
