El caso Ánfora tiene visos de ir para largo. El Gobierno de Aragón, que lleva desde el 22 de julio investigando todo lo relacionado con la construcción del centro concertado en Cuarte de Huerva, posee información documentada que implicaría supuestamente a la empresa Alfedel, salpicada por la trama de corrupción de la Operación Púnica, en la construcción y en el control del colegio.

El Ejecutivo autonómico presentará en las próximas semanas los documentos ante la Fiscalía Anticorrupción o los juzgados, según determinen los servicios jurídicos de la DGA, con la intención de poner en conocimiento una serie de hechos e irregularidades acerca de la sospecha de que Alfedel podría estar controlando la actual cooperativa de profesores Ánfora y, si fuera preciso, que el órgano oportuno clarificara la situación.

Fuentes del Gobierno apuntaron ayer a este diario que no se descarta la posibilidad de que la denuncia se tenga que interponer en Madrid si, finalmente, se considera la situación del Ánfora como una ramificación de la trama Púnica en Aragón.

Según la DGA, la actual cooperativa, titular del colegio y que asume toda la gestión, estaría supuestamente bajo el control de Alfedel, cuyo propietario, Alfonso Ferrón del Río, está imputado por la Púnica y formó parte del consejo rector de la primera cooperativa Ánfora, que existe desde el 2008 pero sin ninguna actividad registrada en Aragón. Según los datos, entre los empleados que configuraban esa primera cooperativa y con la que se dieron los primeros pasos al Ánfora en Cuarte estaba Ángel Bravo Moreo, director financiero de Alfedel y cuñado de Alfonso Ferrón; Amelia Ferrón, hermana de Alfonso Ferrón y esposa de Bravo; y Estela Fernández, empleada de Alfedel y secretaria del consejo rector.

Todas estas personas, quienes al parecer iniciaron en febrero los trámites para poder construir el colegio y solicitaron el permiso al Ayuntamiento de Cuarte, abandonaron la cooperativa el 26 de marzo. Solo un día antes de la creación de la actual cooperativa creada por profesores, que aportaron 48.000 euros para formar parte de ella y que está dirigida por Enrique Bilbao, director ejecutivo de Alfedel.

TRAMITACIÓN

Entre la documentación que se presentará, la DGA cuenta con varios emails dirigidos a la anterior Administración autonómica por parte de trabajadores de Alfedel después de que, supuestamente, habían abandonado ya la cooperativa. Uno de ellos, de Ángel Bravo, se recibió el 30 de julio. También Enrique Bilbao escribió al Ejecutivo, al parecer, con un correo perteneciente a Alfedel.

Supuestamente, también se habrían cometido irregularidades en la tramitación urbanística, lo que implicaría al Ayuntamiento de Cuarte. Esos posibles indicios también los presentará la DGA ante Anticorrupción o los juzgados.

En lo que se refiere a la autorización del concierto, el Ejecutivo también aportará documentos sobre este proceso administrativo como correos electrónicos de personas que trabajaban en el área del anterior departamento de Educación y que, supuestamente, advertían de posibles irregularidades en la tramitación y la autorización.