Con la solemnidad de una declaración institucional, aunque sin ofrecer cifras concretas, el presidente de la DGA, Javier Lambán, desgranó ayer las líneas generales sobre las que pretende articular la reforma del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA). La propuesta contempla revisar la parte fija de la cuota y establecer tramos en la variable para incentivar el ahorro de agua. También habla de aplicar a todos los aragoneses las mismas bonificaciones que el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece en sus tasas de saneamiento y abastecimiento, algo que podría suponer reducir la recaudación global por el tributo. «No nos guía ningún afán recaudatorio», afirmó.

Lambán justificó la falta de detalle del planteamiento en que la propuesta de mejora parte de un compromiso con Podemos y emplazó a todas las partes implicadas en el debate a concurrir a la mesa técnica que se celebrará el 7 de febrero. A pesar de que gran parte de las entidades críticas abogan por la supresión, desde la DGA esperan llegar a un acuerdo «de consenso» de forma que los aragoneses «no paguen más que la media» estatal. «Nuestro objetivo es que sea un impuesto solidario, que cumpla con sus objetivos y que atienda a las circunstancias de cada ciudadano», señaló.

Rebaja permanente del 60%

Una vez paralizados los polémicos contratos de depuración concesional, la DGA manifestó su intención de trabajar «de forma conjunta» con los ayuntamientos en las futuras infraestructuras. Así, si cada municipio decide hacer frente a la gestión deberá imponer una tasa propia. En ese caso la rebaja en el ICA será «siempre» del 60%. Esta es la situación en la que previsiblemente quedará la ciudad de Zaragoza. Sin embargo, Lambán detalló que la mayoría de los pueblos con pocos habitantes optan por ceder este derecho a la administración autonómica. «Tenemos que acomodar los planes a las necesidades del territorio», explicó.

En atención a los pueblos del Pirineo multados por no tener depuradora, el presidente autonómico se comprometió a negociar con el Gobierno central una solución que frene las sanciones actuales.

La DGA anunció también la puesta en marcha de una página web para aumentar la transparencia en la gestión de los fondos dedicados al ciclo del agua. Lambán recordó que todavía se tienen que construir 300 depuradoras en la comunidad y que el tiempo para cumplir con las normas europeas apremia. «Tenemos que hacer un enorme esfuerzo inversor y no podemos pararnos», reconoció.

Tras el anuncio oficial no tardaron en llegar las reacciones políticas. El PP se sumó por primera vez a las críticas contra el ICA y las vinculó a su argumentario contra la «abusiva política fiscal» de la DGA. El diputado socialista Darío Villagrasa replicó poco después que fue un Ejecutivo del PP-PAR el que puso en marcha los planes de depuración y acusó a Luis María Beamonte de «generar confusión».