El Consejo de Gobierno tomó ayer en conocimiento la Ley de Integridad y Ética Pública. El Ejecutivo regula y toma medidas efectivas por primera vez en la lucha contra la corrupción, el mal uso del dinero de todos y el comportamiento de los políticos. Los cargos no podrán cobrar dinero de sus partidos, ni de fundaciones u otras instituciones. Una vez dejen sus puestos durante dos años deberán seguir rindiendo cuentas, y no podrán trabajar en los sectores en los que estuvieran desarrollando su actividad pública. Además, se crean mecanismos para proteger a los funcionarios que denuncien malas prácticas, y se incluirá en el currículo de la escuela y la universidad materias vinculadas con la ética pública.

El Ejecutivo de Javier Lambán da así el primer paso hacia la aprobación de una ley, que sitúa a la comunidad en la "vanguardia" de este ámbito, según él mismo explicó ayer en el Monasterio de Veruela, donde se reunió por primera vez el Consejo de Gobierno. Se abre ahora un proceso de participación, que concluirá con la aprobación definitiva del proyecto de ley, que posteriormente deberá ser tramitado en las Cortes. Entrará en vigor durante el primer trimestre del 2016, si todo va bien, y las primeras medidas que contempla no serán una realidad hasta el 2017.

Entre ellas, la creación de una agencia de integridad y ética pública, con estatus semejante al de la Cámara de Cuentas, o el Justicia, que será independiente, y que colgará directamente de las Cortes. Contará con su propia estructura de personal, y por lo tanto un presupuesto, que incluirá un director elegido por el Parlamento y tres subdirectores de investigación, evaluación y régimen interior. Tendrá amplias potestades de actuación en todos los ámbitos de la Administración y examinará las políticas públicas: desde los costes a los resultados efectivos. En el texto legislativo aparece por primera vez una comisión de aragonesa de integridad y ética pública, que será un órgano colegiado de consulta.

La ley contempla una mayor protección para el funcionario púbico que decida denunciar casos de corrupción o malas prácticas en la Administración. Se garantiza la confidencialidad; recibirán de inmediato asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia y tendrán garantizada la confidencialidad de su identidad. No podrá adoptarse, durante la investigación ni tras ella si los hechos denunciados resultan acreditados, medida alguna que perjudique al denunciante en su carrera profesional o el fin de la relación laboral o de empleo. Va incluso más allá y, a instancia del denunciante, la agencia podrá instar del órgano competente el traslado del denunciante a otro puesto siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional. Excepcionalmente, podrá también instar del órgano competente la concesión de permiso por tiempo determinado con mantenimiento de su retribución.

La ley endurece las exigencias para los cargos públicos. Más allá del código de buen gobierno y de ética, el texto regula el uso de los gastos protocolarios, o de los vehículos oficiales, previendo cualquier tipo de abuso, y prohíbe explícitamente el uso de tarjetas de crédito como medio de pago por gastos de representación. Se acrecienta el régimen de incompatibilidades. Las autoridades y cargos del sector público autonómico ejercerán sus funciones con dedicación exclusiva y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño ni siquiera de sus partidos. Tampoco podrán tener más de un 10% de participación en empresas; ni vinculación alguna con sociedad cuyo capital supere los 600.000 euros. Durante los dos años siguientes a la fecha del cese, las autoridades y cargos no podrán realizar, por sí mismos o a través de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en más del 10%, actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan emitido informe preceptivo y vinculante o hayan dictado resolución o sobre los que hayan intervenido. Tampoco podrán trabajar, en dos ejercicios a contar desde su cese, en el sector vinculado a sus competencias en la Administración. Podrá establecerse una compensación económica mensual para aquellos que no puedan trabajar debido a estas incompatibilidades.