El Gobierno de Aragón alzó ayer la voz contra el boicot a los productos catalanes que se está alentando desde ciertos sectores y por redes sociales en las últimas semanas a cuenta de la crisis política desatada en esa comunidad. Lejos de ayudar a resolver el problema, este fenómeno puede incluso perjudicar a los intereses aragoneses, ya que ambos territorios están estrechamente ligados en el plano económico, pero de manera especial en el sector agroalimentario.
«El boicot no solo no conduce a nada, sino que además puede provocar que tiremos piedras contra nuestro propio tejado, el aragonés», advirtió la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, tras la segunda reunión del grupo de trabajo constituido recientemente para seguir y prevenir las afecciones económicas en Aragón de la crisis política e institucional en Cataluña. En el encuentro participaron los máximos responsables en Aragón de los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, así como del Colegio de Economistas. Todos ellos expresaron su «repulsión absoluta y unánime» a este tipo de prácticas.
La consejera anunció asimismo que hoy empezará a funcionar la oficina de asesoramiento a empresas afectadas por este conflicto, que canalizará las consultas que llegan desde compañías catalanas que están interesadas en asentarse en la comunidad, pero también dará respuesta a firmas locales con intereses económicos en ese convulso territorio. Esta ventanilla única de atención, que pretende dar una respuesta unificada, profesional y especializada a todas estas demandas de información, será gestionada por Aragón Exterior, el organismo del Ejecutivo autonómico para impulsar la internacionalización de la economía aragonesa.
La DGA pone a disposición de las empresas que puedan tener o prever dificultades económicas sus herramientas financieras, a través de las sociedades Avalia, Sodiar y Summa Teruel.
Traslado de fábricas / Sobre la fuga de empresas de Cataluña a Aragón, Gastón aseguró que el «goteo» de consultas no cesa y que alguna de estas ya no solo atañe al posible traslado de sedes sociales y fiscales sino también de centros de producción.
De forma paralela, la DGA creará un Obervatorio de Coyuntura para evaluar y anticipar los efectos económicos de la tensión indepentista sobre Aragón. Este órgano se constituirá en breve y contará con un equipo técnico de estudio que coordinará Eduardo Bandrés, exconsejero aragonés de Economía y catedrático de la Universidad de Zaragoza.
