El Gobierno de Aragón recurrirá el decreto-ley 1/2017 de la Generalitat de Cataluña por entender que abre la puerta a un trasvase del Ebro a las cuencas internas de la comunidad en lo que sería una futura planificación hidrológica de una comunidad con déficit hídrico. Y más, en un contexto «político» al que aludió ayer el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, quien mostró la «preocupación» del Gobierno aragonés ante la reactivación de la amenaza del trasvase.

Olona consideró «alarmante» el papel jugado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, quien dio el visto bueno a estas intenciones, recogidas en el plan de las cuencas internas y que aprobó por decreto la Generalitat incluso antes de que fuera respaldado por el Consejo de Ministros previa autorización del Consejo Nacional del Agua, como ocurre con todos los planes hidrológicos del Estado.

Olona mostró su «preocupación» porque la CHE esté «considerando otorgar una concesión a unos usos que se sitúan fuera de la cuenca» y dijo no comprender cómo la confederación «habla de concesión cuando estamos ante un trasvase». A su juicio, el plan hidrológico de las cuencas internas de Cataluña, que se aprobó el jueves pasado en el Consejo Nacional del Agua, con el voto particular en contra del Gobierno de Aragón, «llega a donde nunca jamás se había llegado», con la previsión de recibir «aportaciones externas» para paliar «un déficit estructural» y hacerlo, además, «con visión de país», refiriéndose a Cataluña.

plan premeditado / Como adelantó ayer EL PERIÓDICO, la Agencia Catalana del Agua tiene un informe de expertos en el que se estudia el uso del canal Segarra-Garrigues, situado en la cuenca del Ebro y previsto para dar agua de riego a 70.000 hectáreas de Lérida. En ese informe se destaca que el uso agrícola podría dejar de ser prioritario y serviría como una de las principales fuentes de abastecimiento de una Cataluña con un grave déficit hídrico. El documento, que admite que en la fecha de su elaboración (mayo del 2015) el canal es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, habla de buscar convenios con el organismo de cuenca y negociar con el Estado para una hipotética cesión.

De hecho, el propio consejero no desvinculó esta posición de la CHE, «ante el actual contexto político que se está viviendo en España y que es muy complicado».

De este modo, Olona no mostró tanta preocupación por la autorización «temporal» del 2010 que otorgaba una concesión de 0,62 metros cúbicos por segundo para abastecer a varios pueblos fuera de la cuenca, autorización que pidió también que se revoque. Para Olona, lo grave del plan es que se contempla cubrir el déficit estructural del sistema Ter-Llobregat con aportaciones externas «considerables», entre 2 y 6 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, además de insistir en que emprenderán todas las acciones legales posibles, recordó que es preceptivo un informe de Aragón que nunca fue solicitado.

Preguntado en un acto público, el presidente de Aragón, Javier Lambán, afirmó que el plan catalán «abre las puertas de par en par al trasvase de aguas de la cuenca del Ebro a Cataluña». Tras asegurar que su Ejecutivo tratará de que la respuesta de la sociedad aragonesa sea unánime, también de todas las fuerzas políticas y de los regantes, admitió que uno de los temores del Gobierno de Aragón es que sea un cambio de cromos para rebajar las pretensiones independentistas catalanas.

«Se están produciendo una serie de coincidencias en el tiempo y se están produciendo una serie de cambios en la política hidráulica de los últimos años que a nosotros nos preocupan mucho», reiteró Lambán, quien comparecerá en las Cortes de Aragón para explicar su posición al respecto.