La DGA reaccionó ayer con contundencia contra la posibilidad que ha abierto el Gobierno central de Mariano Rajoy de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Capitalidad de Zaragoza. Una revisión del texto que, en boca de su consejero de Presidencia, Vicente Guillén, consideró que es una «injerencia» estatal que solo busca «desestabilizar» las relaciones de la comunidad autónoma y el ayuntamiento, y que evidencia la «deslealtad institucional» del Ejecutivo central. Unas palabras que venían a conformar, casi sin saberlo, un frente común con el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el alcalde, Pedro Santisteve, que suscribió punto por punto las palabras del socialista. Ambos se aliaron para defender a partir de ahora la ley. Como dijo el número dos de Javier Lambán, «hasta las últimas consecuencias».

No ha habido comunicación previa entre el edificio Pignatelli y la casa consistorial de la plaza del Pilar, pero ambos suman fuerzas de cara a un diálogo con Madrid que aún no tiene fecha oficial de inicio pero que se prevé en marzo. Será dentro del marco de la comisión bilateral de carácter técnico en la que la DGA y el Gobierno central discutirán la interpretación de la ley en busca de un acuerdo que acabe con la duda antes de septiembre.

MALESTAR PATENTE

El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Aragón no disimuló su malestar por la decisión del Ejecutivo central, y coincidió con el alcalde -en una unidad inusual- en que todo es un intento de desestabilizar un Gobierno de izquierdas, ya que el PP «no puede consentir» que en Aragón se dieran las alianzas de izquierdas y los pactos que los populares no supieron conseguir. Por todo ello, Guillén anunció que defenderá esta norma, emanada de las Cortes, «hasta las últimas consecuencias».

Así lo explicó por voluntad propia a los medios, en un receso en los pasillos de las Cortes, donde se celebraba una sesión plenaria. Su enfado era patente, al igual que el hecho de que el Gobierno de Aragón se enterara por la prensa de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aceptara dirimir las discrepancias respecto a esta ley en una carta publicada «antes de que la recibiera el presidente de Aragón, Javier Lambán». Algo que calificó de «muy mal gusto» y de «una gravedad muy importante», al tiempo que supone una deslealtad institucional impropia de un Gobierno. De hecho, señaló que el Ejecutivo autonómico «nunca» ha contestado de este modo al central.

Por todo ello, insistió en que aún no tiene constancia de que la vicepresidenta haya aceptado dirimir las discrepancias en el seno de la subcomisión de conflictos creada al amparo de la comisión bilateral, un grupo creado precisamente para reducir la litigiosidad entre ambas administraciones, ya que es frecuente que ambas recurran al Constitucional cuando consideran que hay invasión de competencias propias.

Guillén lamentó que el Gobierno de España, cada vez que las Cortes promulgan un ley «que avanza en el desarrollo del Estatuto o en los derechos históricos que Aragón reivindica» se presente un recurso de inconstitucionalidad. A su juicio, el Gobierno central sufre «un ataque de celos» por la capacidad de llegar a acuerdos a través de esta ley entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.

El consistorio, en este caso, tampoco es que haya ayudado mucho. La polémica motivada por la toma del control absoluto de las sociedades municipales por parte del Gobierno de ZeC ha levantado polvareda y se ampara en el artículo 14 de la ley, que ha sido señalado por el Gobierno central también como un apartado conflictivo y a discutir. Pero en eso no entró Guillén.

Su guerra es con el Ejecutivo central y el PP, que no sería la primera vez que paraliza una ley autonómica a través de esta fórmula. La reacción beligerante del Gobierno aragonés se lo ponía más fácil al alcalde Santisteve, que ayer en una visita al IES Grande Covián solo tenía que volver a aferrarse al discurso de las últimas dos semanas, el de «aplicar la legalidad». Y señalar que esa supuesta inconstitucionalidad es algo «inconcebible», por estar redactada por los letrados de la DGA y las Cortes, apoyados por catedráticos expertos..

Así que suscribió las palabras de Guillén porque, en su opinión, este es «un claro intento de desestabilizar al Gobierno de Aragón y se ha evidenciado la falta de lealtad», afirmó Santisteve, quien dijo estar con la DGA «del señor Lambán, en los términos en los que hemos negociado la ley».

Respecto a la polémica que le afecta a él, por las sociedades, dijo que no se debe a una interpretación errónea, porque «ZeC no tuvo nada que ver con la redacción de esa ley», solo la aplica, y la conocían «los grupos que la redactaron», en referencia a CHA y al PSOE. En este sentido, le pidió al grupo municipal socialista «que se ponga de acuerdo» con sus compañeros del Gobierno aragonés y «definan sus posiciones», porque él tiene «que creer a quien gobierna, a Lambán y a Guillén, que son con los que hemos negociado esta ley». Y con «el concurso y el beneplácito que quienes apoyaron mi investidura», añadió el alcalde.

Mientras, se abría la tensión en las Cortes. El diputado autonómico del PP, Miguel Ángel Lafuente, acusó a Guillén de «manipular» y «mentir» por decir que el Gobierno de España intenta desestabilizar. A su juicio, la Ley de Capitalidad es «la más antidemocrática que se ha tramitado en las Cortes con mucha diferencia», señaló, porque no se dio cabida a sus enmiendas, y solo fue «un cambio de cromos para mantener a Santisteve en el sillón del Ayuntamiento y a Lambán en el del Pignatelli». «No estoy de acuerdo con que se lleve al Constitucional, pero el Gobierno de España tiene la obligación de ejercer una serie de funciones», concluyó.