Ninguna de las entidades críticas al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) ha respondido al llamamiento del Gobierno de Aragón y ha presentado una propuesta de reforma del tributo. Únicamente las confederaciones de empresarios CEPYME y CEOE, el clúster para el uso eficiente del agua Zinnae y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) han cumplido con este trámite vinculado a la mesa técnica que el departamento de Desarrollo Rural ha puesto en marcha para frenar el malestar social.

El contenido de los borradores sigue la tendencia avanzada por el Gobierno de Aragón de aplicar una mayor progresividad y de aumentar las bonificaciones. Tanto las asociaciones de consumidores Torre Ramona, San Jorge y UCA; la Red Agua Pública de Aragón (RAPA) y el Ayuntamiento de Zaragoza han declinado la invitación por no estar de acuerdo con una posible modificación y abogar por la supresión del impuesto. La próxima reunión prevista se celebrará el próximo día 4.

El presidente de la DGA, Javier Lambán, repitió ayer la idea de que el rechazo contra el ICA proviene de la «desinformación y falta de comunicación», pues algunas alegaciones que recibe coinciden con aspectos que consideró ya solucionados. Así, recordó que los vecinos de Zaragoza «no pagan dos veces el mismo concepto» y señaló que los planes de depuración actuales ya han prescindido del sistema concesional.

Por su parte, los sectores críticos siguieron perfilando los detalles de la manifestación de mañana en Zaragoza. El secretario general de Podemos, Nacho Escartín, vinculó la marcha «al desencanto social» y también a la labor divulgativa de un gran número de voluntarios.

«Estamos a favor de los impuestos medioambientales, pero queremos que se apliquen tras haber auditado el plan de saneamiento que aún no ha sido derogado», expresó.

Sobre las propuestas recibidas para la reforma del tributo, explicó que lo planteado es «un intento de desmovilización» a pesar de que introduzca la progresividad. «Esto se parece mucho a un atajo», lamentó.

Escartín pidió «pedagogía» para saber a qué se destinan los impuestos al considerar que son necesarios para pagar la depuración y los vertidos. Y consideró que si fienalmente existe un acuerdo en la mesa técnica lo acabarán apoyando.