El impacto de una acción se mide por la reacción que desencadena. En el caso de la huelga general del pasado día 14, el enfado empresarial es tan mayúsculo y se expresa con un lenguaje tan llano, que no deja lugar a dudas. Por ejemplo, el presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, no quiso entrar en la guerra de cifras sobre el seguimiento del paro pero zanjó el asunto con un "en España la gente tiene ganas de protestar".

No se pronunció sobre el fondo de las políticas de recortes contestadas en la calle, pero extendió el sufrimiento a los empresarios que "están haciendo muchos sacrificios" porque no les llega el oxígeno de la financiación. Fernández reconoció que los ciudadanos "las están pasando canutas", que "no se puede tensar demasiado la cuerda" y que en algún momento "habrá que suavizar la situación", pero al igual que el presidente de la patronal, Juan Rosell, aplaudió la hoja de ruta que se ha marcado el Gobierno de Rajoy.

El problema, según Rosell y Fernández, es la imagen. Si en vez de una huelga CCOO, UGT y USO hubieran planteado solo una manifestación, "no hubiéramos perdido imagen exterior", dijo Rosell. "No podemos estar todos los días en la portada del New York Times, que la ha tomado con nosotros y no refleja lo que es este país. No somos un país bananero", afirmó el empresario madrileño.

Satisfacción

Más allá de la coyuntura económica, las centrales tienen sus cuentas pendientes con los empresarios. La reforma laboral ha dado a estos una discrecionalidad en la negociación colectiva que está bloqueando miles de convenios colectivos. CCOO y UGT así lo han denunciado al tiempo que piden a la patronal que cumpla con el pacto que firmó en enero pasado que abogaba por la moderación salarial y la contención de precios, entre otras cosas.

Pero las centrales reclaman una respuesta del Gobierno, que es contra quien se llevó a cabo la movilización. Haber mejorado la marca del 29 de marzo, tanto en el seguimiento del paro como en la presencia de gente en la calle, ha sido una satisfacción dentro de la larga cadena de protestas que aún quedan.

Las acciones del 14-N fueron una "enmienda a la totalidad" de las políticas exigidas por la UE y que aplica sin problemas el Ejecutivo, según dijo el secretario de comunicación de CCOO, Fernando Lezcano. Tanto Rajoy como la Unión Europea (UE) deben atender el clamor ciudadano y reflexionar sobre las consecuencias que están teniendo sus políticas de recortes. Una buena reflexión, según Lezcano, sería que Europa ampliara los plazos para cumplir con el objetivo de déficit y que empezara a pensar en políticas de crecimiento --un plan de empleo para jóvenes, entre otras cosas, reclamaron los líderes sindicales al final de la marcha de Madrid-- además de abrir el diálogo con los agentes sociales.

Coherencia

Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no mostró atisbo de atender a lo que se le pide. Además de subrayar los problemas de orden público derivados de la movilización ciudadana, un tema que siempre ha puesto en primer plano, la vicepresidenta no quiso cerrarse ninguna puerta y aseguró que el Gobierno "escucha a la calle" pero también que los ciudadanos "agradecen" la coherencia.

Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta prefirió cargar contra el PSOE y recordar que cuando gobernaba no apoyaba las huelgas generales, mientras que ahora las anima. Pero de los sindicatos nada nuevo ni concreto más allá de reiterar que el Ejecutivo seguirá aplicando las mismas recetas de ajuste porque son las adecuadas. Antes, Lezcano había avisado de que el futuro dependerá de la respuesta a las demandas sindicales.