El sindicato CCOO ha logrado un primer triunfo en su ofensiva contra la precariedad, el fraude y la explotación laboral a través de las falsas cooperativas de trabajo asociado del sector cárnico, que tiene en Aragón uno de sus epicentros a nivel nacional. La Inspección de Trabajo ha corroborado sus denuncias al determinar que las personas asociadas a Servicarne han sido víctimas de un fraude en la contratación bajo la figura del falso autónomo. Estos trabajadores han sido dados de alta en las empresas cárnicass bajo el régimen general de la Seguridad Social, como reclamó el sindicato. Sin embargo, todavía deberán darse muchos pasos para la resolución del conflicto. La negociación y un posible cambio de la regulación se avecinan como posibles salidas al enredo.

CCOO denunció ante la Inspección a Servicarne, que en Aragón opera en Cárnicas Cinco Villas, Repolo, Aparecida de Veruela, Pondex, Sada Producciones Ganaderas. A todas ellas se ha levantado un acta de liquidación por falsos autónomos. Sin embargo, fuentes de Comisiones lamentaron una de estas firmas ha presionando a los afectados para que renuncien a ser considerados asalariados -tal y como ha determinado la autoridad laboral- bajo la amenaza de perder el empleo.

La secretaria general de la federación de Industria de CCOO Aragón, Ana Sánchez, apeló a UGT a recomponer en la comunidad la «unidad de acción sindical» en este asunto tras las actas levantadas por la autoridad laboral, que sigue investigando a otras compañías locales. En este sentido, se mostró partidaria de una «actuación conjunta» de ambas centrales» para negociar con las empresas y las administraciones «la mejor solución» para adecuar la situación laboral de estos trabajadores, siempre bajo la premisa de que se reconozca que son asalariados y no autónomos. «Esa es la línea roja», apuntó.

En este sentido, abogó por que se les aplique el convenio del sector cárnico. Como contrapartida, propuso una posible condonación de la deuda que se ha contraído con este colectivo por los cuotas como cooperativistas -de unos 50 euros al mes- que han venido pagando y ahora se les deberá devolver si los jueces ratifican el criterio de la Inspección.

El sindicato también denunció a la cooperativa TAIC, que aporta mano de obra al matadero del Grupo Jorge en Zuera. En este sentido, Sánchez confió en que la negociación abierta con esta empresa por los sindicatos en Cataluña aporte un nuevo enfoque al contencioso.